El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), en su sección Temas Públicos, publicó el documento “Otra vez la Constitución: cuatro tesis críticas a las bases ciudadanas”.
El documento expone que el Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) y el Comité de Sistematizadores (CS) entregaron a la Presidenta de la República dos documentos que contienen diversos antecedentes vinculados al proceso de participación ciudadana en torno al debate constitucional. Con esto, se da cumplimiento a un nuevo paso dentro del itinerario constitucional que diseñó el Gobierno para mantener la temperatura en torno al slogan de la nueva Constitución.
Enseguida, señala LyD que el proceso se inició con una etapa de educación cívica a la que siguieron los denominados Encuentros Locales Autoconvocados (ELA), los Cabildos provinciales y los regionales. Tras todo esto, un Comité de Sistematizadores y el CCO, ambos designados por La Moneda, elaboraron sus informes en los que intentan dar forma a las más de 240.000 fundamentaciones que emanaron de esas reuniones.
Así, y en torno a la primera tesis expresa el texto que lo primero que debe sostenerse es que los documentos que recibió el Gobierno no son antecedentes que puedan servir de base para elaborar una Constitución.
Y es que el proceso de participación ciudadana fue, ante todo, una conversación en la que las personas asistentes plantearon legítimos puntos de vista. Como tal, no puede cuestionarse la riqueza de un debate comunitario como el que se produjo. Pero no es posible extrapolar esos debates a contenidos más globales que sirvan de fundamento para escribir una carta fundamental.
Enseguida, y en relación a la segunda tesis, se señala por el informe que si hay un aprendizaje de todo esto es la importancia de las instituciones, apreciándose la precariedad de éstas en distintos aspectos: i) La ausencia de marco institucional para el funcionamiento del CCO. Es claro que el rol del CCO fue llevado adelante con buena voluntad más que con herramientas institucionales claras; ii) Carencia de reglas para el CS. El CS fue una institución mucho menos escrutada por la opinión pública. Su relación directa con el ministerio SEGPRES, la ausencia de mecanismos formales de contrapeso interno y externo así como el cuestionamiento a su metodología, permiten dudar si esta instancia sirvió mucho más a la causa del Gobierno de lo que se había pensado originalmente.
Respecto de la tercera tesis, manifiesta LyD que lo anterior se vincula también con la cuestión metodológica. En un trabajo como éste, la metodología que se utilice para el manejo de datos es esencial para asegurar neutralidad. Y los procesos que se utilicen para determinar la metodología requieren de instituciones que den garantías. Dado que esto último no fue posible, la metodología ha sido cuestionada.
Y en cuanto a la cuarta tesis, se aduce por el documento que si hay algo que omitieron los informes fue una crítica a las exageradas expectativas que ha generado el slogan de cambio constitucional. El asunto es de la mayor preocupación pues, como lo sabe el Gobierno, elevar las expectativas es una receta para el fracaso.
De esa forma, el informe concluye indicando que si bien en política la retórica admite algunas licencias, es imprescindible criticarla cuando se adhiere porfiadamente a un relato de sueños y esperanzas que ningún cambio constitucional va a satisfacer.
Vea texto íntegro de la publicación.
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