La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), realizará a partir del día 6 de febrero y hasta el 17 de ese mes, su 117º Período de Sesiones en San José, Costa Rica.
En la oportunidad, la primera audiencia que se realizará será el día 07 de febrero, relacionada con el despido del presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa Ceper-Pirelli, el 26 de junio de 1989. Así, el Comité Electoral de la Comunidad Industrial que presidía el demandante era la entidad encargada de llevar a cabo las elecciones de los miembros del Consejo de la Comunidad Industrial y de los representantes ante el Directorio de la empresa. La decisión de despido fue posteriormente confirmada por los tribunales nacionales del Perú.
En cuanto a la segunda audiencia, programada para el día 08 de febrero, trata sobre la alegada responsabilidad internacional de Costa Rica por la inexistencia de un recurso que permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales impuestas a diecisiete personas. En tal sentido, se alega que, conforme al marco procesal penal vigente al momento de las referidas condenas, el recurso existente habría sido el recurso de casación que se habría encontrado limitado a cuestiones de derecho, excluyendo la posibilidad de revisión de cuestiones de hecho y prueba. Asimismo, se alega que las dos reformas legislativas adoptadas por el Estado con posterioridad a dichas sentencias tampoco habrían permitido garantizar el derecho a recurrir el fallo de las presuntas víctimas, en tanto los mecanismos ofrecidos para las personas con condena en firme antes de dichas reformas, adolecieron de las mismas limitaciones.
La tercera audiencia, que llevará a cabo el día 09 de febrero, dice relación con la supuesta responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por la muerte como consecuencia de disparos de arma de fuego del estudiante de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero (ESGUARNAC), el 15 de febrero de 1998 en las instalaciones de los Comandos Rurales de Caño Negro en el contexto de una "práctica de fogueo" que habría sido realizada con balas reales al interior de la instalación militar, supuestamente, como requisito para completar su formación como funcionario de la referida institución. Al respecto, se alega que el Estado no habría respondido de manera adecuada ni oportuna a las lesiones sufridas por demandante, al no contar con personal médico especializado ni con una ambulancia que le permitiera recibir atención mientras era trasladado hasta un centro médico, lo cual habría resultado especialmente grave tomando en cuenta el lugar alejado en el que se llevó a cabo la práctica.
Por último, la cuarta audiencia del día 14 de febrero, tratará sobre el supuesto despido arbitrario de tres funcionarios del Consejo Nacional de Fronteras el 12 de marzo de 2004 tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del mandato presidencial del entonces Presidente Hugo Chávez Frías. Se plantea que tal proceso político habría tenido lugar en un contexto de significativa polarización en el que el entonces Presidente de la República y otros altos funcionarios estatales efectuaron declaraciones, cuyos contenidos reflejarían que se trató de formas de presión para no firmar, de amenazas de represalias e incluso de la acusación infundada de terroristas a quienes firmaron. Parte del contexto de las firmas y el despido habría tenido que ver con la creación y publicación de la denominada "lista Tascón" que incluía a las personas que firmaron la convocatoria a referendo revocatorio, que habría sido encargada por el propio Presidente de la República a un Diputado con la finalidad de "que salgan los rostros" de lo que se denominó como un supuesto "megafraude".
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