Opinión: superposición entre áreas destinadas a la explotación de recursos por comunidades indígenas y concesiones otorgadas a empresas.

Tras la solicitud de la empresa Arauco Planta Valdivia ex Celco, de obtener la concesión marítima del borde costero de Mahuín, en San José de la Mariquina, Región de los Ríos, en un área de manejo y explotación de recursos pesqueros otorgada por Sernapesca en convenio de uso a la comunidad de pescadores artesanales de Mahuín, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento interpretativo sobre el inciso 3º del artículo 25 del Reglamento sobre concesiones marítimas, respecto a la procedencia de la coexistencia de distintos usos en un mismo espacio del borde costero, siempre que exista factibilidad técnica y sin que ello signifique la sobreposición de concesiones marítimas en dicha área.

En la Ley de Pesca N° 18.892, existe una figura de destinación marítima de un área de manejo y de explotación de recursos bentónicos (del fondo marino), que se le otorga a un servicio público, en este caso, al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), mientras que las concesiones se entregan a cualquier persona natural o jurídica. A su vez, las destinaciones deben ponerse a disposición de las organizaciones para que puedan concursar públicamente.

La Contraloría, en el dictamen N° 34.285 del 10 de mayo del presente año, deja constancia de que, mediante un informe, la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas estima jurídicamente posible una eventual concesión marítima en conjunto a un área de manejo y explotación de recurso bentónicos, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de aquellos cuyos derechos adquiridos se pudieren ver afectados y se obtenga el pronunciamiento favorable del organismo público sectorial competente, en este caso, Sernapesca. Es aquí donde guarda protagonismo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), toda vez que existe una convenio de uso suscrito por Dirección Regional de Pesca y una organización de pescadores artesanales mapuche Lafkenche, por lo que, en atención a lo señalado en el informe de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y el Convenio 169 de la OIT, se debe consultar de manera previa por parte de la Contraloría[PS1] la perspectiva de la comunidad de pescadores artesanales mapuche Lafkenche sobre la posible coexistencia en la misma área del borde costero del convenio y la concesión marítima, toda vez que se buscaría priorizar el uso eficaz de los bienes de dominio público.