La moción de los diputados Espejo, Farcas, Jiménez y Pilowsky, exponen que el Consejo de Defensa del Estado, es un órgano cuya misión es asesorar, defender y representar los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado de Chile y sus Organismos, tanto a través del ejercicio de acciones y defensas judiciales como extrajudiciales.
Observa luego que de los cuestionamientos que han surgido en estos últimos meses y que han afectado incluso el prestigio de esa institución, aducen que es necesario profundizar en su modernización de modo de alejarla de la contingencia política, fortaleciendo el ideario del servicio público y el aspecto técnico de su labor.
Al respecto, los autores de la iniciativa recuerdan que el estatuto establece en su artículo 12, que el consejo se encuentra compuesto de doce abogados, quienes son prácticamente inamovibles en sus cargos. Agrega, que dichos abogados cesan en sus funciones únicamente por las causales establecidas en el Estatuto Administrativo para los funcionarios de carrera, por remoción dispuesta por el Presidente de la República con acuerdo del Senado o por cumplir los 75 años de edad, lo que hace que estas plazas sean en la práctica vitalicias.
En ese sentido, exponen a continuación que lo anterior no se aviene con una sociedad moderna, argumentando que si el Contralor General de la República, el Fiscal del Ministerio Público y otras tantas autoridades tienen plazos de duración en la permanencia de sus cargos, dicha regla debiera aplicarse también a los consejeros de manera de dotar al órgano con una rotación permanente que armonice la experiencia con los nuevos enfoques que puedan aportar sus nuevos integrantes.
Por los motivos antes expuestos y con el objeto de remediar la situación antes descrita, el proyecto de ley propone incorporar dos modificaciones, una relativa a la duración de los abogados concejeros en su cargo por un período de 10 años pudiendo ser designado para un nuevo período, aún cuando dicho plazo no haya llegado, al cumplir los 75 años de edad.
Asimismo, la propuesta legal plantea que elegir por concurso público a los postulantes, los que luego de su precalificación son a su vez propuestos al Presidente de la República, en una terna para su designación.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
RELACIONADO