La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa que resume, a través de un documento, las acciones que desarrolla para cumplir su  misión legal, cual es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

La UAF señala que las preguntas y opiniones que tengan los chilenos y chilenas respecto de su gestión institucional 2016 y los compromisos asumidos para este año, se recibirán entre el martes 4 y el viernes 28 de abril del presente año, ambas fechas inclusive, a través del correo electrónico [email protected].

Luego, sostiene el documento que en un plazo no superior a 15 días hábiles, contados desde el 2 de mayo, procesará y eventualmente dará respuesta a los planteamientos que se recojan durante el proceso de diálogo virtual de esta Cuenta Pública Participativa, quedando plasmado en el mismo documento.

Algunos hitos relevantes de acuerdo a la UAF con respecto a su gestión 2016 son que el Registro de Entidades Reportantes de la UAF cerró el año 2016 con 6.587 personas naturales y jurídicas inscritas: 6.197 pertenecen a los 38 sectores económicos privados que supervisa la UAF, y 390 son instituciones públicas.

Asimismo, la UAF recibió 3.366 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y 3.214.487 Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, de las entidades privadas supervisadas.

Además, se señala que el Servicio Nacional de Aduanas remitió a la UAF 23.303 Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE), de todos quienes portan o transportan moneda en efectivo.

La UAF también realizó 125 fiscalizaciones en terreno en 18 comunas de diez regiones del país e inició 208 procesos sancionatorios contra personas naturales y jurídicas del sector privado por incumplimiento de la normativa antilavado vigente en el país.

Junto con ello, capacitó a un total de 1.782 personas, pertenecientes a 877 entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas, tanto públicas como privadas.

Finalmente, la cuenta concluye esperando durante el 2017 seguir fortaleciendo sus procesos de regulación, fiscalización, capacitación y difusión, en aras de un cumplimiento eficiente y eficaz de las modificaciones introducidas en 2015 a la Ley N° 19.913.

Vea texto íntegro de la cuenta.

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