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CEP publicó estudio sobre autonomía de las instituciones de educación superior en el proyecto de ley de educación superior.

Concluye el CEP manifestando que con el objetivo de preservar la autonomía académica, se debe reevaluar la conveniencia de establecer un sistema para la gratuidad.

10 de abril de 2017

El Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó el trabajo “Autonomía de las instituciones de educación superior en el proyecto de ley de educación superior. Una mirada desde la perspectiva de los criterios de la Comunidad Europea”.

En el texto, se indica que bajo los criterios que actualmente priman en Europa, la aprobación del proyecto de ley implicaría fuertes limitaciones a la autonomía organizacional, financiera y académica de las instituciones de educación superior estatales y de aquellas que recibirían financiamiento institucional (también denominadas "privadas acogidas a la gratuidad"). A la vez, puede significar una importante restricción a la autonomía académica y en ciertos aspectos financiera de las instituciones privadas no acogidas a la gratuidad. Por ello, urge hacer importantes cambios al proyecto de ley de modo de resguardar la autonomía de las instituciones de educación superior, sin perjuicio de otros cambios que pudiere ameritar el proyecto por otras razones.

Así, para preservar la autonomía financiera de las instituciones estatales y privadas acogidas a la gratuidad, es imperioso modificar el sistema de financiamiento propuesto, por uno que otorgue mayor autonomía para la fijación de aranceles y matrículas. Asimismo, se deberían sugerir criterios que limiten eventuales discrecionalidades del Ministerio de Educación al fijar los montos del Fondo de Asignación Directa. Es recomendable también revisar las funciones y atribuciones que se otorga a la Superintendencia de Educación Superior. Por las restricciones que pudieren ocasionarse a la autonomía financiera, es también pertinente proponer un mecanismo distinto para elegir miembros externos del Consejo Directivo de las universidades estatales.

De ese modo, concluye el CEP manifestando que con el objetivo de preservar la autonomía académica, se debe reevaluar la conveniencia de establecer un sistema para la gratuidad, ya que obliga a que un organismo estatal fije la cantidad de estudiantes y el sistema de admisión de las instituciones estatales y las acogidas a la gratuidad. Por último, se debe suprimir la facultad de la Subsecretaría de Educación Superior de coordinar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y permitir que los organismos que lo componen interactúen directamente.

 

 

 

Vea texto íntegro de la publicación.

 

 

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