LyD publicó “Anuncio presidencial en materia previsional: criterios políticos impiden una mejor solución”, en el que analizó el anuncio de la Presidenta de la República de enviar un proyecto de ley para mejorar el sistema de pensiones.
En el texto, se expresa que todo apunta a que la entidad pública anunciada fue creada por presiones de carácter político más que por razones técnicas, como de alguna manera lo insinúan las declaraciones del propio Ministro Valdés. De hecho, nada asegura que una entidad estatal como ésta permitirá maximizar la rentabilidad de los ahorros y minimizar los costos de administración, únicas condiciones que aseguran que un mayor ahorro se traduzca en un aumento en las pensiones. Tampoco se da certeza que su carácter “autónomo” permita eliminar los importantes riesgos de captura política de dicha institución. Su creación tampoco reconoce que el mayor ahorro es de propiedad de los trabajadores, y por ende debiesen ser ellos quienes elijan quien administre su ahorro previsional, y no el Estado quien les obligue a invertir sus recursos en la nueva institución pública. Es decir, se le otorga al estado un monopolio sobre la administración de los recursos, obligatorio y sin ninguna competencia.
El anuncio también señaló que se realizarían cambios a la industria actual de administración de fondos previsionales, agrega LyD. En primer lugar, se introduciría una participación activa de los afiliados en las políticas de inversión, así como en las políticas de “solución de conflictos de interés” y en el nombramiento de directores en las empresas en que las administradoras invierten los fondos de pensión. Sin embargo, estimamos que los conocimientos que se requieren en esta materia son muy específicos, por lo que cualquier nuevo representante debiese demostrar que cuenta con las competencias adecuadas para abordar este importante desafío, particularmente en materias asociadas a gestión de la cartera de inversiones.
Por último, agrega el texto, se anunció que “se crearán mecanismos e incentivos para que el cobro de las comisiones esté relacionado con los beneficios reportados a los afiliados”. Si bien se desconocen los detalles de dicha propuesta, el ministro Valdés habría señalado posterior al anuncio que para ello se utilizaría “un benchmark de referencia, y si la AFP logra ganancias, estas se compartirán entre la administradora y los afiliados, mientras que si las AFP retroceden en retornos, deberán retribuirlo a los cotizantes”. No queda claro quién ni cómo se determinaría dicho benchmark, lo cual resulta clave para evaluar potenciales efectos de dicha medida. No obstante lo anterior, sí se puede señalar que este mecanismo podría ir en contra de la búsqueda de mayores rentabilidades (y por ende, mejorar pensiones), pues podría llevar a las administradoras a invertir alineados con el benchmark que proponga la autoridad, restringiendo su campo de acción en esta materia.
En suma, concluye Libertad y Desarrollo, nuevamente primaron las decisiones políticas por sobre las técnicas, lo que se traduce en que se obtendrán menores pensiones que las potencialmente alcanzables y en la postergación de decisiones que pueden ser políticamente complejas, pero necesarias para el objetivo final de elevar las pensiones (como elevar la edad de jubilación de la mujeres). Desde el punto de vista técnico, nada justifica la creación de un ente estatal que administre los mayores recursos, ni tampoco el que se le obligue a los cotizantes a entregar la mayor cotización a esta nueva institución, ni el que se financien las pensiones de los que alcanzaron un menor nivel de ahorro con un impuesto al trabajo en vez de rentas generales. Se perdió así la oportunidad de realizar una reforma a nuestro sistema previsional que maximizara el incremento en las pensiones como resultado de un mayor ahorro.
Vea texto íntegro de la publicación.
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