La Corte Suprema confirmó el fallo que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $2.120.000.000  a 71 víctimas de prisión política y tortura, calificadas por la denominada comisión Valech.
El máximo Tribunal integrado por los Ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Rodrigo Correa, sostienen en su sentencia que en el caso en estudio, dado el contexto en que los hechos se desarrollaron, con la intervención de agentes del Estado, amparados bajo un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos dimana sino que, además, la inviabilidad de constatar la extinción, por el transcurso del tiempo, del probable ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada de ellos.
La resolución de la Corte Suprema agrega que estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por esta razón, como correctamente lo señalan los jueces del fondo, no resultan aplicables a estos efectos las disposiciones del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como pretende el recurso, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional.
Decisión adoptada con el voto en contra del abogado Correa.

Vea textos íntegros de la Corte Suprema, de la Ilustrísima Corte de Santiago y de primera instancia.

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