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Programa Asia Pacífico.

Acerca del sistema de transporte neozelandés y su enfoque en las personas con movilidad reducida.

Contar con un transporte público inclusivo en nuestro país no es una posibilidad sino una necesidad.

3 de mayo de 2017

El sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) publicó en su sección Programa Asia Pacífico, el texto “El sistema de transporte neozelandés y su enfoque en las personas con movilidad reducida”.

En el documento, se expresa que las personas con movilidad reducida en Auckland, Nueva Zelandia, están siendo incluidas en una activa política pública que busca la democratización de todas las formas de transporte.

Se señala enseguida que en la declaración del Foro de Bangkok 2020, realizado el 25 de agosto de 2010, se estableció que los esfuerzos regionales deberían apuntar a un transporte más seguro, rápido y eficiente para las personas con discapacidad que habiten en las zonas urbanas.

Tal principio de inclusión, señala el documento, fue advertido dos años antes, por el Ministerio de Transportes de Nueva Zelandia, quien se adelantó a la Declaración de Bangkok con un instrumento legal orientado a todo su territorio.

Se trata de la Tarjeta de Movilidad Total, que permite la obtención de un descuento de 50 por ciento por el total del viaje. Asimismo, es posible llamar un taxi e informar al operador que se utilizará dicho beneficio, con vehículos que garanticen espacio para silla de ruedas y asistencia especial que brinde un transporte seguro puerta a puerta.

Asimismo, agrega la BCN que en esta ciudad se publicó también un Mapa de la Accesibilidad, donde se detallan las estaciones de metro con infraestructura para personas con movilidad reducida, aceras aptas para el tránsito de sillas de rueda y paraderos con baños para ingresar con sillas de rueda.

Transporte público en Chile

Y es que si bien en Chile no hay una política de inclusión de personas con movilidad reducida en el transporte público, nuestra legislación cuenta con la Ley 20.422, que en su artículo 30 establece que todos los organismos competentes del Estado deben adoptar medidas para incluir a personas con discapacidad. Esta ley rige para buses, minibuses, metro, ferrocarriles, trenes y naves.

De ese modo se concluye indicando que contar con un transporte público inclusivo en nuestro país no es una posibilidad sino una necesidad, ya que según cifras del citado estudio, más de 2,6 millones de personas presenta algún tipo de discapacidad, lo que representa un 20 por ciento de la población. A esto se suma, agrega, que el 20 por ciento de las personas mayores de 60 años, tengan o no algún tipo de discapacidad, declara la necesidad de contar con espacios públicos universalmente accesibles.

 

 

 

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