El Consejo para la Transparencia junto a profesores de derecho de la Universidad de Chile solicitaron, ante la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, efectuar resguardo de los datos personales en los registros que establecerá el sistema público de transportes, contemplado en un proyecto destinado a evitar la evasión en el pago de los pasajes por parte de los usuarios.  
El consejero Marcelo Drago explicó que el CPLT consideró necesario destinar a uso exclusivo para fines estadísticos o para el desarrollo de políticas públicas asociadas al transporte público remunerado de pasajeros, los datos contemplados en el registro de usuarios del sistema, prohibiéndose la comunicación de los antecedentes de carácter personal. 
Asimismo, el Consejo sugiere que la información que provenga de instrumentos como el pase escolar, o cualquier otro instrumento o mecanismo que pertenezca a un niño, niña o adolescente, estos datos deberán ser especialmente protegidos por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, extremando las medidas de seguridad adecuadas.
En lo que se refiere al registro de infractores, se propuso que su operación y administración corresponda al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de la Subsecretaría de Transportes y que el tratamiento de los datos personales respete el principio de finalidad, es decir que de cuenta exclusivamente que la persona es infractor respecto del cobro de la tarifa y pago de multas. 
Además, se busca garantizar que el procedimiento de transferencia de los datos contemple los mecanismos de seguridad y de protección necesarios y que la eliminación de estos, una vez cumplidas las obligaciones, sea de carácter gratuito.
Por su parte, los profesores de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Chile, Jaime Winter y Lorena Donoso, respectivamente, que asistieron a la sesión, entregaron propuestas de perfeccionamiento a la iniciativa.
De acuerdo a información de la Cámara, el profesor Winter planteó evitar futuros problemas de interpretación al determinar el concepto de falsificación (atingente, por ejemplo, al caso de los pases escolares o de la tarjeta BIP), realizando mayores precisiones; al tiempo que sugirió atender la forma en que se aborda el procedimiento para verificar el domicilio del infractor por evasión o falsificación de documento. 
Respecto del registro de infractores, a su juicio, su finalidad sería la de exponer "la infamia del deudor", lo que consideró un despropósito.
Enseguida agregó en la sesión que "igualmente sorprende la selectividad. De todo el sinnúmero de faltas que existen en nuestro sistema, elegir esta no tiene justificación alguna. No se seleccionan todas las sanciones incumplidas -no incluye las penales-, ni siquiera todas las faltas infraccionales, ni siquiera todas las faltas infraccionales de la Ley del Tránsito. Tal cosa se yergue como una fuente de desigualdad en la Ley y que puede tener efectos contraproducentes para quien tal vez no ha pagado por problemas económicos".
Por su parte, la profesora Donoso, según informa la Cámara, solicitó explicitar en la normativa que existirán dos registros: uno destinado a recopilar información estadística, por lo tanto, donde se entiende no estarán disponibles datos personales; y otro para infractores.
Finalmente, pidió mantener los resguardos técnicos necesarios para el tratamiento de la información de ambos registros y, particularmente en el caso del atingente a los infractores, evitar que se produzca una doble penalización (multa y registro), procediendo a eliminar del registro a quienes hayan cumplido con sus obligaciones (pago de multa); y a considerar que en el caso de menores de edad los que debieran ingresar al listado son los padres.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis.

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