Subsecretarios de Interior y  Defensa presentaron políticas de ciberseguridad para enfrentar “los ciberataques”, ante la Comisión de Defensa del Senado.
Cabe señalar que estas políticas se basan en cinco objetivos necesarios para poder estar preparados con anticipación en caso de ser víctimas de un ciberataque.
El subsecretario de Defensa, Marcos Robledo sostuvo que es “importante tener claro que hasta los países con las tecnologías más avanzadas disponibles, no permiten impedir completamente los riesgos en este ámbito”.

Los objetivos de esta política son:

– El país contará con una infraestructura de la información pública y privada resilente, preparado para resistir y recuperarse de los incidentes de ciberseguridad.

– El Estado velará por los derechos de las personas en el ciberespacio.

– Chile desarrollará una cultura de la ciberseguridad en torno a la educación, buenas prácticas y responsabilidad en el manejo de las tecnologías digitales.

– El país establecerá relaciones de cooperación en ciberseguridad con otros actores y participará activamente en foros y discusiones internacionales.

– El país promoverá el desarrollo de una industria de la ciberseguridad que sirva a sus objetivos estratégicos.

En esta línea, el presidente de la Comisión de Defensa, senador Rossi, explicó que hoy en Chile son cada vez más las personas que tienen acceso a internet y que se comunican, hacen transacciones financieras, está el mercado y el comercio vía internet, y por ellos plantea la necesidad de estar preparados.
El legislador agregó que se ha analizado lo que está haciendo el Gobierno y las políticas públicas que se están desarrollando para realizar los eventuales cambios legislativos.
Asimismo, los legisladores señalaron que dentro de los planes de las políticas de ciberseguridad se busca también entregar institucionalidad para poder avanzar en este tema y que se entreguen facultades que ningún otro organismo público cumple.
Frente a esta eventual iniciativa, el subsecretario de Defensa, afirmó que esta política considera la preparación de un proyecto de ley, así como actualizar la legislación sobre ciberdelitos.
 

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