La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó recientemente la decisión del Estado brasileño de sustituir la anterior legislación migratoria, conocida como Estatuto del Extranjero, que viene de un periodo dictatorial, por una legislación moderna y en consonancia con los principios de su Constitución Federal.
Cabe señalar, de acuerdo a la CIDH, que la nueva ley de migración incorpora al ordenamiento jurídico brasileño el repudio y la prevención de la xenofobia, el repudio de las prácticas de deportaciones sumarias o expulsiones colectivas, la no criminalización de la migración, la no discriminación en virtud de los medios de entrada al territorio nacional, acogida humanitaria y acceso libre e igualitario a los servicios públicos, beneficios y programas sociales, diálogo social en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas migratorias y la promoción de la participación ciudadana del migrante, la protección integral y la atención al interés superior del niño, niña o adolescente migrante, la protección de las personas brasileñas en el exterior, la promoción del reconocimiento académico y el derecho a la migración y al desarrollo humano como derechos inalienables para todas las personas, entre otras materias.
Agrega la CIDH que otra importante innovación legislativa es la creación de dos mecanismos de protección: la acogida humanitaria mediante la expedición de visado o residencia específicos para situaciones no previstas anteriormente y la protección a las personas apátridas. Este mecanismo, explica la CIDH, en la ley brasileña es resultado del compromiso asumido en la Declaración y Plan de Acción de Brasil de 2014, conmemorativa de los 30 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Por el mecanismo creado en la legislación, la persona apátrida interesada en esa protección, tras la determinación de esa condición, recibirá permiso de residencia definitiva en Brasil y podrá optar voluntariamente por un mecanismo simplificado y rápido de naturalización brasileña, agrega.
Luego, explica la CIDH, que la elaboración de la nueva ley brasileña se basó en procesos de participación social desde su fase pre-legislativa. Asimismo, se creó una Comisión de Expertos con la tarea de proponer un anteproyecto de ley y se realizó una Conferencia Nacional sobre Migraciones y Refugio.
Enseguida, la CIDH destaca que se trata de la primera reforma migratoria integral hecha en Brasil que cuenta con el voto parlamentario. Las legislaciones anteriores fueron resultado de mecanismos que suprimieron la aprobación legislativa o fueron adoptados mediante decretos-ley de Gobiernos autoritarios.
Para garantizar que la legislación brasileña alcance los resultados sociales declarados, la CIDH insta al Estado brasileño a seguir con un proceso de reglamentación de la ley abierto y transparente, con participación de la sociedad civil, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos.

Vea texto íntegro del comunicado

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