El sitio infobae.com acaba de publicar la columna “Los derechos de la mujer y al aborto en Estados Unidos durante la presidencia de Trump”.
En el documento, se sostiene que en Estados Unidos, el debate del aborto está atado al de los derechos de la mujer, quienes desde la fundación del país han estado sometidas al dominio del hombre, especialmente en el ámbito jurídico-legislativo. Shirley Chisholm, una congresista afroamericana que fue candidata presidencial en 1972, decía que de sus dos "discapacidades" -ser negra y ser mujer-, "ciertamente he enfrentado más discriminación en términos de ser mujer que ser negra, en el campo de la política".
Esto se refleja en el hecho que, a pesar de la carga que significó la esclavitud para el país, incluso los hombres afroamericanos obtuvieron algunos derechos fundamentales antes que las mujeres. No es casual, entonces, que hoy las leyes sigan entrometiéndose en el ámbito de la reproducción sexual como una forma de controlar a la mujer. Antes de 1960, con la llegada de la primera pastilla anticonceptiva, las mujeres recurrían a todo tipo de remedios populares o métodos clandestinos para abortar, ambos procesos de alto riesgo. La única forma segura de no quedar embarazada era la abstinencia, que para las mujeres solteras era una exigencia social. Un desliz de esta norma podía condenarlas a la vergüenza, corregible únicamente sellando su matrimonio rápidamente o recurriendo a un "aborto de callejón", como se le decía en aquella época.
En 1973, agrega la columna, los activistas que luchaban por el derecho al aborto consiguieron un triunfo histórico cuando la Corte Suprema de Justicia sentenció en el caso Roe v. Wade con una mayoría de 7-2 que las mujeres tienen un derecho constitucional a terminar su embarazo. La legislación consecuente determinó que dicho derecho era casi absoluto en el primer trimestre del embarazo, podía ser regulado por los estados en el segundo y podía ser sometido a aún más regulaciones e incluso prohibido, con el objetivo de proteger a una "potencial vida", en el tercer y último trimestre a menos que la salud o vida de la madre se vea comprometida.
El caso Roe v. Wade se convirtió en un problema moral y político y, desde entonces, varios legisladores -principalmente del partido republicano-, han intentado bloquear la ley imponiendo exageradas cantidades de regulaciones. Desde que el debate del aborto se convirtió en un debate político, plasmando así rígidos polares binarios para referirse a una determinada postura como "pro-vida" contra "pro-elección", los movimientos activistas se han vuelto cada vez más violentos. La intención original de la oposición pública al aborto, que en principio surgió como respuesta a una reverencia por la vida que compartían los miembros de la Iglesia Católica tras participar de movimientos sociales en contra de las guerras durante la década del sesenta, se transformó con el tiempo no solo en una postura que defendía el derecho a la vida sino también en una persecución a aquellos "asesinos" que participaban de su implementación. Así, entre 1978 y 2015, las organizaciones en contra del aborto fueron responsables de 11 asesinatos (en su mayoría doctores que practicaban el aborto), 26 intentos de homicidio, 185 incendios provocados, 42 bombardeos y 1.534 casos de vandalismo a clínicas abortivas.
En materia política, se señala a continuación, la creciente cantidad de regulaciones han tenido como objetivo situar al ejercicio del derecho al aborto fuera de lo posible. Por ejemplo, los legisladores del estado de Texas, uno de los más conservadores del país, fueron aún más lejos, imponiendo normas que efectivamente causarían que las clínicas abortivas caigan en bancarrota. El caso de Texas llegó a la Corte Suprema con el nombre de Whole Women's Health v. Hellerstedt en 2016 y sentenció, en una de las pocas victorias a favor del aborto en los últimos años, que las regulaciones de Texas imponían una carga exagerada al ejercicio de un derecho constitucional; lo cual no evitó que, igualmente, la mitad de las clínicas abortivas del estado tuvieran que cerrar. Hoy, según el Instituto Guttmacher, "el 95 por ciento de los abortos son realizados en clínicas independientes", lo cual indica el rechazo general o la incapacidad de la práctica en el sector público.
En cuanto al actual Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el último tiempo se ha manifestado en contra del aborto, denominándose un entusiasta de la campaña "pro-life", o pro-vida. Sin embargo, en una entrevista con NBC del año 1999 el mismo Trump claramente admite apoyar la libre decisión de la mujer en relación al aborto, lo que da cuenta de su ambivalencia. Pero los miembros del gabinete de Trump que se oponen al aborto no se han preocupado por manifestar sus opiniones. Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos, se refirió a Roe v. Wade como "una de las peores, colosalmente erróneas decisiones de la Corte Suprema de todos los tiempos". Por su parte, el vicepresidente Mike Pence es conocido por su oposición al caso. "Anhelo el día", ha dicho, "que Roe v. Wade sea enviada al montón de cenizas de la historia". Así, uno de los primeros decretos del presidente Trump ordenó la cancelación de fondos destinados a instalaciones médicas en el extranjero que incluso mencionan el aborto como una opción.
Conforme a lo anterior, se concluye manifestando que si las mujeres desean continuar su larga batalla hacia la paridad de género, deben evitar que la Administración Trump regrese al pasado bloqueando o eliminando los derechos debidamente conseguidos en Roe v. Wade.
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