CC de Colombia acogió tutela y ordena implementar políticas dirigidas a mitigar impacto socioeconómico causado por restitución de espacio público.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela interpuesta por cuatro particulares contra la Alcaldía Distrital de Santa Marta y la Secretaría de Gobierno Distrital de Santa Marta, debido a la resolución en que se decretó la restitución de un bien de uso público y, consecuentemente, el desalojo de los actores.

Cabe recordar que los peticionarios habían presentado una acción de tutela ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Santa Marta, la que fue desestimada por improcedente pues el asunto sería de naturaleza eminentemente legal, por lo que es el juez ordinario el llamado a dirimirlo. Esta resolución fue apelada ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta, el que ratificó la decisión de primera instancia bajo los mismos argumentos.

En su libelo, los accionantes sostuvieron que la resolución y la orden de desalojo vulneran el principio de confianza legítima y los derechos fundamentales al mínimo vital y al trabajo, pues la administración municipal no ha implementado políticas dirigidas a mitigar el impacto causado por la restitución del espacio público, considerando que en este se encuentran los establecimientos comerciales de los peticionarios, de cuyos ingresos depende el sustento familiar suyo y de sus núcleos familiares, así como el núcleo familiar de las personas que trabajan con ellos.