La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala  que los defensores del medio ambiente en Guatemala enfrentan los mayores peligros a nivel mundial, por motivo de su actividad en defensa del territorio y el medioambiente frente a proyectos de gran escala que amenazan su derecho a un medio ambiente sano.
En lo que va del año, la Comisión sostiene que ha recibido información de al menos cinco ataques en contra de defensores del medio ambiente en el país, incluidos dos asesinatos.
A continuación, la CIDH se refiere a información publicada sobre el 17 de enero de 2017, señalando que las comunidades afectadas en Huehuetenango realizaron una protesta pacífica en contra de un proyecto hidroeléctrico en Ixquisis. Durante la protesta, hombres armados empezaron a disparar contra la multitud, hiriendo al defensor de los derechos indígenas y del territorio Sebastián Alonso Juan quien murió como resultado de las heridas.
También, agrega, que en el contexto de una protesta, el 27 de mayo de 2017, Carlos Maaz Coc, defensor de derechos indígenas y de la tierra, murió por heridas de balas mientras participaba en una manifestación pacífica que pedía a las autoridades una solución a la contaminación del Lago Izabal en El Estor, el mayor lago de Guatemala, ubicado en el departamento de Izabal, como consecuencia de  actividades mineras en la zona.
Luego, la CIDH dice que de acuerdo a información publicada, el uso de la fuerza por la Policía Nacional Civil, incluyendo el uso de balas de goma, municiones, bombas de gas y bombas sonoras, resultó en varias personas heridas y en la muerte de Carlos Maaz Coc.
Recientemente, agrega, según información de público conocimiento, en la tarde del 7 de junio de 2017 varias integrantes del Consejo de Pueblos K'iche' (CPK), entre ellas Aura Lolita Chávez –beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH-, fueron amenazadas, perseguidas e intimidadas por diez hombres armados no identificados mientras ella y sus colegas escoltaban un camión cargado de madera ilegal para su entrega a las autoridades locales en Santa Cruz del Quiché, departamento de K'iche. Aura Lolita Chávez y su grupo huyeron, pero los hombres las persiguieron disparando tiros al aire.
Por ello, la Comisión solicita a las autoridades de Guatemala  que aborden este aumento inaceptable de la violencia contra las personas defensoras del medioambiente y elaboren urgentemente una política pública para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Especifican que esta política debe incluir la implementación de un programa de protección integral de los defensores de derechos humanos de acuerdo a lo señalado por la Corte Interamericana en el caso Defensores de Derechos Humanos y Otros Vs. Guatemala y tomar en consideración los factores de riesgo específicos a los que están expuestos, entre otros, los defensores medioambientales.

Vea texto íntegro del comunicado

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