La Comisión de Constitución aprueba, en general, en presencia de los directores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del Servicio Médico Legal (SML), el proyecto que modifica la Ley 18.216 para aplicar un nuevo régimen de cumplimiento de condena, en favor de personas que padezcan una enfermedad terminal.
Cabe señalar que el documento, que ingresó a trámite en diciembre de 2016, señala que el tribunal podrá, a petición de parte, y previo informe favorable, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, reemplazándola por la de reclusión domiciliaria total, siempre que el condenado padeciese alguna enfermedad terminal.
El presidente de la Comisión, diputado Chahin  señaló que “creemos que la pena de libertad debe mantenerse, pero en condiciones de humanidad, por eso es que este proyecto se ha aprobado en general, con la opinión favorable del Instituto de Derechos Humanos y también del Servicio Médico Legal, quien a nuestro juicio debiese ser quien certifique que las personas privadas de libertad están en esa etapa”.
A continuación, agregó que queda por discutir si este será un beneficio universal o excluirá a algunos condenados, en virtud de los delitos por los cuales se les condenó.
Por su parte, el diputado Monckeberg sostuvo que el derecho penal tiene que tener su lado humano permitiendo que las personas que padecen alguna enfermedad terminal y que están cumpliendo condena, por cualquier tipo de delito, tengan el derecho de hacerlo con dignidad.
Enseguida planteó que creamos esta nueva forma de cumplir la condena, que es reclusión domiciliaria total, que hoy día no existe, bajo ciertos requisitos, para que esas personas puedan pasar sus últimos días en sus casas. "Creo que es una buena legislación que existe en otros países”, indica.
La instancia, además, despachó a la Sala el proyecto que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile.
El presidente de la Comisión afirmó que lo que se pretende con esta iniciativa es sancionar la negación de ciertos delitos ocurridos durante el periodo de dictadura y evitar la negación histórica de hechos que son dolorosos para el país.
Finalmente, planteó que “sería atentar contra la dignidad de las propias víctimas el que todavía personas puedan negar esos hechos que son incuestionables, donde hay una verdad histórica ya establecida a través de dos comisiones, como lo son la Rettig y Valech”.

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