La Coordinadora Nacional de ex presos políticos "Salvador Allende" y representantes de la organización "Desclasificación Popular" presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos los motivos por las cuales respaldan el proyecto de ley que apunta a levantar el secreto que rige los testimonios y antecedentes recopilados en la denominada Comisión Valech I sobre prisión política y tortura.
Cabe recordar que la iniciativa que tuvo su origen en una moción de diputados apunta a permitir a los tribunales de justicia obtener la información recopilada por la Comisión Valech I, que actualmente reviste el carácter de secreta, de acuerdo al artículo 15 de la ley N°19.992.
También, es relevante señalar que varios abogados penalistas tienen una opinión sobre la decisión de levantar el carácter secreto de los antecedentes de la Comisión Valech antes del plazo establecido por la ley 19.992 (50 años).
Por su parte, las organizaciones de ex presos políticos estiman que la disposición se contrapone a los mecanismos institucionales para conocer la verdad en materia de violaciones a los derechos humanos, y que se sustentan en tres pilares: la verdad, la justicia y la reparación.
Los legisladores advierten que uno de los temas más complejos del proyecto de artículo único es zanjar el quórum que se requeriría para levantar el secreto de los antecedentes recopilados por la Comisión Valech I.
Mientras algunos estiman que se necesita quórum simple, otros especialistas son partidarios del quórum calificado de acuerdo al artículo 8° de la Constitución Política que se aplica al establecimiento de la reserva o secreto para determinados actos o resoluciones de los órganos del Estado.
Cabe señalar, además, que la Comisión de Derechos Humanos también recibió en audiencia al empresario Carlos Cardoen quien expuso sobre la situación que le afecta a raíz de una alerta que mantiene Interpol en su contra desde hace 24 años, por un presunto delito aduanero (exportación ilegal de químicos), sin que hasta la fecha se haya impulsado una orden de extradición por parte del gobierno norteamericano.
Según los parlamentarios, el empresario les planteó que dicha situación agrede sus derechos como ciudadano chileno, porque la alerta roja se impone con el fin de identificar su paradero, el cual es público y, no hay razón para pensar que está huyendo de la justicia.
Además, continuó "ha faltado que el Gobierno norteamericano proceda a solicitar una extradición en mi contra para enfrentar un tribunal donde me pueda defender. Cosa que no ha sucedido pese a que en los últimos años se han enviado notas diplomáticas que ni siquiera han sido respondidas”.
Ante esto, los congresistas requerirán antecedentes de la Cancillería, señalando el senador Araya Frente que “independientemente de la persona es una situación que podría afectar a más personas y parece razonable indagar por qué se restringen ciertos derechos”.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis

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