Corresponde al interesado en renovar u obtener patente municipal acompañar previamente un informe de la SCJ para dar curso a su solicitud de explotación de máquinas de habilidad, destreza o similares.

La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de protección interpuesto en contra la I. Municipalidad de Ovalle por no dar respuesta a la solicitud de patente municipal a una empresa de juegos de azar al estimar que le corresponde a la interesada acompañar previamente el informe que debe emitir la Superintendencia de Casinos y Juegos referido a que las maquinas no son de azar, como lo dictaminó la Contraloría General de la República, lo que hace que la conducta de fiscalización a los locales de la recurrente por parte de la Municipalidad aludida, así como las infracciones que le fueron cursadas, y la clausura de los locales comerciales que mantiene, se ajuste a la legalidad vigente. Ello, además, estaría en plena concordancia con lo establecido con el procedimiento contemplado en el artículo 5º de la Ordenanza Municipal de fecha 11 de junio de 2012, que regula la explotación comercial de máquinas de habilidad, destreza o similares.

En su fallo, la Corte señala que el Dictamen N° 92.308/2016 de la Contraloría establece tres formas para determinar si los dispositivos electrónicos que se pretenden explotar son máquinas de azar, recurriendo en primer término al listado que determina la Superintendencia de Casinos y Juegos; en segundo lugar, en caso de tener duda la Municipalidad debe coordinarse con la Superintendencia a fin que esta última emita un informe definiendo tal aspecto; y, finalmente, en caso que se pretenda explotar máquinas no contempladas en dicho listado, el municipio debe solicitar al interesado que acompañe un informe de la Superintendencia del ramo, en el que conste que esa máquina no es susceptible de ser registrada en dicho catálogo.

Enseguida el fallo razona que conforme lo dispone el artículo 58 del D.L. 3.063 de Rentas Municipales, el Alcalde está facultado para ordenar la clausura de un local comercial que funcione sin patente municipal, por lo que la discusión de fondo que se plantea es, en primer lugar, si los Decretos de clausura de los negocios de la recurrente, están fundados en una situación de hecho comprobada, que autorice el ejercicio de dicha facultad.