CS establece que decisiones del Consejo de Rectores no pueden originar situaciones de desigualdad o de trato discriminatorio entre las universidades.

En un fallo con voto disidente, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Santiago respecto de la decisión de la Corte de Apelaciones de no hacer lugar al recurso de protección interpuesto por la Universidad Central de Chile en contra del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, por haber adoptado el Acuerdo de fecha 31 de marzo del año 2016, a través del cual se fijan criterios mínimos de postulación en el ingreso al Sistema Único de Admisión (en adelante “SUA”) para el proceso correspondiente al año 2017.

La universidad recurrente funda su recurso en la vulneración al artículo 19 N° 2 de la Constitución, dado que el Consejo de Rectores decidió no incluirla en el Sistema Único de Admisión para el año 2017, al no cumplir el requisito de cuatro años mínimo de acreditación, señalando como fundamento la necesidad de compatibilizar sus requisitos con los que establece el artículo 6 letra b) de la Ley 20.890, el cual señala las exigencias para que las universidades puedan adscribir al programa de gratuidad de la educación superior. Al respecto, las decisiones del Consejo deben ser fundamentadas, no generando situaciones de desigualdad, acto que genera una desigualdad de trato que debe ser calificada de arbitraria y vulneratoria de la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución.

Enseguida, expone en su sentencia el máximo Tribunal que el Consejo de Rectores tiene un carácter autónomo, estando facultado para tomar decisiones propias. Sin embargo, las decisiones del Consejo no pueden originar -desde la perspectiva y posición de una persona jurídica de derecho público- situaciones de desigualdad o de trato discriminatorio entre las universidades. Así, un acto de autoridad susceptible de producir afectación a otros entes de educación superior -aún con sustento legal y dictado en el marco de sus facultades- aparece ser del todo arbitrario si exhibe una motivación puramente formal sin sustento real y concreto. Los términos utilizados en la fundamentación de la decisión -referidos al propósito de una selección eficiente y equitativa de los postulantes, proporcionar una plataforma institucional para una selección informada, transparente, pública e imparcial- evidencian una vaguedad de conceptos que no se relaciona con la exigencia de contar con cuatro años de acreditación para poder ser parte del sistema único de admisión.