En fallo dividido.
CS acoge casación contra fallo del Segundo Tribunal Ambiental que no acogió solicitud de invalidación.
El máximo Tribunal estableció que la solicitud de invalidación denegada fue presentada dentro del plazo legal establecido para terceros interesados en un procedimiento de calificación ambiental.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Ambiental, que no admitió a tramitación solicitud de invalidación presentada por la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), contra tres resoluciones del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.
La sentencia del máximo Tribunal sostiene que ante la falta de una acción especial para impugnar los actos de naturaleza ambiental que le afecten, aquel tercero que no participó en el procedimiento de calificación ambiental dispone de la posibilidad de solicitar su invalidación de acuerdo al artículo 53 de la Ley N°19.880. En efecto, tal vía resulta expresamente excluida para el titular del proyecto y aquellos terceros cuyas observaciones no fueron consideradas en el proceso de evaluación, según lo dispone el artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600, en tanto ellos disponen de acciones especiales contempladas en los artículos 20 y 29 de la Ley N°19.300, respectivamente, para efectos de impugnar el contenido o condiciones de una Resolución de Calificación Ambiental. De estos arbitrios no goza el tercero, fundamento que reconduce a la norma general y supletoria contenida en citado artículo 53, con la particularidad de que, por disposición del referido artículo 17 N°8, es reclamable ante el Tribunal Ambiental no sólo la resolución que acoja la invalidación, sino también aquella que la deniegue.
A continuación, la resolución agrega que respecto del plazo del artículo 53 de la Ley N°19.880, la doctrina nacional se encuentra conteste en que corresponde a un término de caducidad para el ejercicio de la potestad invalidatoria. Lo anterior implica que el acto impugnado debe invalidarse por la Administración dentro de dos años, que comienzan a computarse desde el momento en que el acto administrativo produce sus efectos, esto es, desde su notificación si el efecto es singular, o desde su publicación, si el efecto es general.
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