La moción de los diputados Coloma, Hernández, Macaya, Melero, Norambuena, Sandoval, Trisotti, Urrutia y Ward expone que no obstante la actividad empresarial del Estado se encuentra circunscrita en un espacio económico con características propias del derecho privado comercial, no es menos cierto que su influjo e inspiración también es pública, representando en tal sentido una forma de actuación en beneficio de la comunidad, y en tal caso los directivos de estas instituciones estatales deben abstenerse de participar en cargos o actividades de orden político electoral habida consideración de la objetividad con que deben desempeñar sus funciones públicas.
Los diputados agregan que el entorpecimiento en el ejercicio de funciones públicas, particularmente en lo que respecta a directivos y demás funcionarios de las empresas públicas con ocasión de la participación de campañas políticas y electorales, evidentemente es un hecho negativo y que no se encuentra lo suficientemente normado en nuestro ordenamiento jurídico.
Así, esta moción busca establecer mayores exigencias en cuanto a la labor que desempeñan los altos ejecutivos o directores de empresas públicas del Estado creadas por ley, como constituyente de la administración central del Estado y como entidades sujetas a inspiraciones generales sobre las cuales se fundamenta el actuar de la administración del Estado, entre los cuales sobresale el principio de servicio y bien común de la sociedad. Por ello, la presente iniciativa inhibe de la participación de campañas políticas de directores de las empresas del Estado, como una manera de profundizar la tecnificación de la función de estas entidades en aras de una mejor función estatal.
En razón de lo expuesto, el proyecto incorpora un nuevo inciso final en el artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, indicando que los Directores de empresas públicas creadas por ley están inhabilitados de desempeñar funciones en campañas políticas para la elección de Presidente de la República y/o de cualquier autoridad perteneciente a la Administración del Estado.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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