Respecto del interés superior del niño.
CS estableció que tener hijos pequeños no puede liberar a una persona de su obligación de cumplir con la responsabilidad penal.
Si bien la requerida es la figura más presente en la vida de su hija, la niña tiene un padre sobre quien también pesa la obligación de velar por su integridad y realización.

En fallo unánime, la Corte Suprema estableció que corresponde acoger la solicitud de extradición realizada por el Estado de España, respecto a la ciudadana de dicha nacionalidad que fue condenada como autora de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, previsto en el artículo 368.1 del Código Penal español, por haberse dedicado entre otras actividades a la venta de droga. Al respecto, se cumplen todos los requisitos que hacen procedente la solicitud de extradición, sin que se vulnere el principio de interés superior del niño por la eventual separación de la requerida y su hija de un año y cinco meses.
Enseguida, la sentencia expresa que la solicitud cumple los requisitos establecidos en el artículo 449 del Código Procesal Penal, pues cabe señalar que se confirmó la identidad de la persona requerida y se comprobó que el delito es de carácter común, tratándose de una conducta tipificada como ilícita en las legislaciones de ambos países y con penas que exceden el año de privación de libertad, por lo que se tienen cumplidos los requisitos de mínima gravedad de la pena y el principio de doble incriminación. Respecto a este último punto, no cabe solicitar en esta sede que se considere la media prescripción, ya que dicha solicitud debe realizarse al tribunal español correspondiente, dado que los tribunales chilenos carecen de competencia en este punto.
En relación a la letra c) del artículo 449 del Código Procesal Penal, se aduce por el máximo Tribunal, cabe afirmar que en Chile se habría deducido acusación por los hechos que fundan el delito, ya que la participación de la requerida en los hechos fue acreditada en juicio. En este sentido, los hechos acusados son en nuestro ordenamiento constitutivos del delito de tráfico ilícito de drogas, establecido en el artículo 3 de la Ley 20.000.
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