La moción de los diputados Alvarez-Salamanca, Barros, Coloma, Hernández, Hoffmann, Lavín, Morales, Trisotti, Ulloa y Van Rysselberhe, expone que al interior de nuestra sociedad el “abuso” se ha generalizado como una práctica cada vez más recurrente por parte de los oferentes de bienes y servicios, germinando una perniciosa sensación y ánimo de desconfianza de buena parte de la ciudadanía.

Observa luego que la Ley Nº 19.496, que regula las relaciones jurídicas entre oferentes de bienes y servicios y los consumidores, establece normas y directrices a través de las cuales los consumidores pueden ejercer las acciones tendientes a hacer efectiva las responsabilidades de los oferentes por anomalías en la calidad del bien o servicio que prestan, generándose con ello toda una dogmática jurídica encargada de regular las relaciones entre estas personas.

Consideran los autores de la iniciativa que, actualmente, la norma contenida en el artículo 51, letra C), del referido cuerpo legal, al establecer que la demanda por interés colectivo o difuso podrá ser presentada por un grupo de consumidores afectados en un mismo interés, no inferior a 50 personas, debidamente individualizados, resulta muy rigurosa, siendo necesario establecer menores exigencias en cuanto al número de personas habilitadas para presentar demandas colectivas, a efecto de hacer más dúctil y efectiva esta clase de acciones.

Por lo antes expuesto, el proyecto de Ley propone establecer una disminución del número de personas habilitadas para ejercer acciones colectivas en virtud de la ley del consumidor, pasando de 50 a 30 consumidores debidamente individualizados.

La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional y será analizada por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, de la Cámara de Diputados.

Ver texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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