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Publican “Institucionalidad ambiental: Las debilidades reveladas por Dominga”.

De acuerdo al documento se requiere aumentar las capacidades, atribuciones e independencia del SEA y acotar el carácter político de las instancias de aprobación.

2 de septiembre de 2017

El Instituto Libertad y Desarrollo publicó recientemente el documento “Institucionalidad ambiental: Las debilidades reveladas por Dominga”.
Se afirma en el documento que el proceso de evaluación ambiental por el que ha transitado el proyecto minero Dominga no ha pasado desapercibido y ha dado lugar a una serie de críticas a la institucionalidad ambiental, abriendo el debate respecto de si en las decisiones que se han tomado en estos procesos de evaluación han primado consideraciones políticas o razones técnicas.
Y, se comenta a continuación, que desde el 24 de febrero de este año, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Coquimbo recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, hasta la sesión celebrada por el Comité de Ministros el pasado 21 de agosto, el proceso para otorgar el permiso ambiental se ha visto empañado por una serie de hechos y decisiones poco fundadas.
Estas, se arguye, revelan una serie de inconsistencias y actuaciones arbitrarias, que no hacen más que dañar la institucionalidad y entregar señales negativas a próximos inversionistas, debilitando las certezas jurídicas que debiese otorgar este proceso.
Es, por tanto, se manifiesta en el texto, de vital relevancia analizar lo ocurrido y sus consecuencias para el desarrollo de la inversión en Chile, que el 2017 completará cuatro años consecutivos de caída, algo inédito en las últimas cuatro décadas (más aun considerando que es sin mediar crisis externa).
Ya que estos casos, se expone, no solo dañan la credibilidad del proceso de evaluación ambiental, sino que además entregan señales preocupantes para la atracción de inversiones que permitan retomar un mayor dinamismo económico.
Enseguida, se afirma en el texto, que el proceso de evaluación por el que ha pasado el proyecto Dominga es revelador de las debilidades de nuestra institucionalidad ambiental, las que tienen relación principalmente con los plazos y costos involucrados y, lo que aquí destacamos, con la intervención de órganos políticos en materias técnico-ambientales.
En primer lugar, se indica, resalta el actuar de la Comisión de Evaluación Regional que rechazó de forma inesperada un proyecto que había sido aprobado técnicamente y apoyado mayoritariamente por los servicios y secretarías regionales ministeriales con anterioridad a la votación.
En segundo lugar, se indica, también el Comité de Ministros actuó de manera irregular dada la premura con la que el Ministro del Medio Ambiente citó a la reunión (el viernes en la noche para el lunes de madrugada), siendo que las convocatorias deben realizarse con 10 días de antelación, salvo situaciones de emergencia.
Además, se plantea en el documento, que surgen dudas frente a las razones que se han esbozado respecto a por qué se rechazó el proyecto, las que se contradicen abiertamente con lo decidido por el Comité para el caso de un proyecto similar y ubicado en la misma zona, como es Puerto Cruz Grande.
Asimismo, se señala, que este no es el primer caso en que el proceso de evaluación se ve públicamente cuestionado por hacer primar razones políticas por sobre las técnicas en la toma de decisiones. Ciertamente no se trata de la generalidad de los casos, pero sí representa un evidente riesgo para los proyectos de mayor envergadura y visibilidad.
Es cierto, se añade,  que en nuestro país los procesos de evaluación ambiental han mejorado con el tiempo debido a la experiencia adquirida, siendo cada más completos, serios y participativos, sin embargo, instancias de un orden más político, que son las que tienen la última palabra, pueden poner en riesgo lo construido.
Por ello, se considera inevitable analizar posibles perfeccionamientos al sistema vigente, como modificaciones que apunten a agilizar los procesos y entregar mayores garantías y certezas a los titulares de los proyectos, sin que ello signifique descuidar su impacto en el medio ambiente.
Ello, de acuerdo al texto, requiere aumentar las capacidades, atribuciones e independencia del SEA y acotar el carácter político de las instancias de aprobación. Enseguida se preguntan si la instancia de la Comisión de Evaluación Regional y del Comité de Ministros sigue siendo necesaria, puesto que fue creada para equilibrar las visiones ambiental, social y económica, pero no han logrado cumplir a cabalidad con este objetivo.
Una posibilidad, se plantea, sería dejar la evaluación de proyectos en un SEA regional fortalecido, con reclamación administrativa al Director Ejecutivo del Servicio, y con posibilidad de reclamación ante los Tribunales Ambientales, los que al impartir justicia en las materias específicas medio ambientales pueden resolver de mejor manera los casos que requieren de conocimientos especializados y se espera que actúen con deferencia hacia los organismos técnicos que participan en el proceso.
Esto, se concluye, permitirá una mayor certeza jurídica para todos los interesados, reduciendo arbitrariedades que lo único que logran es dejar la impresión de que hay una contraposición entre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico, cuando en la realidad estos dos componentes son totalmente compatibles. Fuente:www.lyd.cl

 

Vea texto íntegro del documento

 

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