CS estableció que procede autocontratación respecto de mandataria encargada de suscribir compraventa con su padre.

En forma unánime, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por los demandantes y acogió, por otra, el presentado por una de las demandadas en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que confirmó el fallo del 2° Juzgado Civil de Osorno, que hizo lugar parcialmente a la demanda de nulidad, sólo en cuanto se declaró nulo de nulidad relativa el contrato de cesión de derechos, ordenando la cancelación de la inscripción de dominio practicada a favor de la demandada indicada, y rechazando la nulidad de otra cesión de derechos, de una promesa de compraventa y de un contrato de mandato especial.

La sentencia del máximo Tribunal expuso, en cuanto a la casación en el fondo presentada por los demandantes, que de la forma en que ha sido planteado el recurso se desprende que sus alegaciones conciernen a la esfera de los hechos de la contienda en los términos que fueron asentados por los jueces de la instancia. En efecto, los recurrentes pretenden imponer un razonamiento que contraría la situación fáctica establecida por el fallo, concretamente, el hecho de que la mandataria tuvo conocimiento de la revocación del mandato al momento de ejecutar el contrato de cesión de derechos impugnado y luego su rectificación y complementación posteriores, lo que es descartado expresamente por los sentenciadores, conforme al examen que hacen de las probanzas allegadas al juicio. Luego, para tener éxito en su pretensión, forzoso sería tener que modificar los hechos asentados y establecer otros nuevos que permitan configurar el conocimiento oportuno de la revocación del mandato por la demandada mandataria. Así, al haber sido descartado el conocimiento de la mandataria de la revocación del mandato a la época de ejecutar el encargo, el recurso de nulidad en examen no puede prosperar puesto que las infracciones denunciadas se sostienen en la necesidad de alterar los hechos establecidos en la causa, sin haber denunciado vulneración de las normas reguladoras de la prueba que permitan revisar y eventualmente modificar tales presupuestos fácticos.

Y es que cabe consignar que el fallo impugnado también desestima la alegación de nulidad basada en haber obrado la mandataria en virtud de un mandato revocado, pues tal hecho no acarrea dicha sanción de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2173 del Código Civil, siendo válidos los actos celebrados por el mandatario una vez expirado el mandato, surgiendo de ellos la obligación de indemnizar perjuicios o la inoponibilidad. Sin embargo, esta última acción no fue deducida por los demandantes, de modo que no resulta procedente la petición que en este sentido hacen los actores en su recurso.