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Decreto no entrará en vigor hasta junio de 2018.

Amnistía Internacional destaca reconocimiento por parte de Arabia Saudí del derecho de mujeres a conducir.

Sin embargo, el organismo plantea que sólo es un paso, también necesitan terminar con toda una serie de leyes y prácticas discriminatorias.

28 de septiembre de 2017

Ante el anuncio del Gobierno de Arabia Saudí de que se va a permitir conducir a las mujeres, Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, sostuvo que “el hecho de que el Gobierno de Arabia Saudí haya cedido finalmente y decidido permitir que las mujeres conduzcan es un testimonio de la valentía de las activistas que llevan años haciendo campaña a tal fin”.
A continuación, expresó su satisfacción por ser “este un pequeño paso en la dirección correcta pendiente hace tiempo y, si significa que todas las mujeres de Arabia Saudí podrán conducir por fin sin ninguna restricción, y si en junio del año que viene las mujeres están conduciendo en las calles sin temor a ser detenidas, esto será motivo de celebración”. 
Sin embargo, plantea que “sólo es un paso, también necesitamos ver la desaparición de Arabia Saudí de toda una serie de leyes y prácticas discriminatorias, como el sistema de tutela por el que todas las mujeres deben tener un tutor varón, sea su padre, su hermano, su esposo o su hijo, con autoridad para tomar decisiones en su nombre”.
Asimismo, recuerda que “no debemos olvidar el hecho de que Arabia Saudí ha detenido recientemente a toda una serie de activistas de derechos humanos y personas que expresan críticas pacíficamente. La campaña de represión en el país sigue en pleno apogeo y un solo paso aislado en la dirección correcta no va a alterar de forma fundamental esa circunstancia”.
El real decreto anuncia la creación de un comité (integrado por funcionarios de los ministerios del Interior, Economía, Trabajo y Desarrollo Social) que estudiará los mecanismos de aplicación en el plazo de 30 días.
Sin embargo, el decreto no entrará en vigor hasta el 23 de junio de 2018 y su texto especifíca que se aplicará de conformidad con las “normas legales establecidas”, sin más aclaraciones, lo que plantea dudas sobre cómo se va a traducir exactamente en la práctica.

 

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