El Consejo tendrá como misión propender por el logro y mantenimiento de la paz, generar una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia y no estigmatización, y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado.
El decreto, que fue validado por la Corte Constitucional establece igualmente como una política de Estado la política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización y establece que cada Gobierno debe propender “por hacer cumplir los fines, fundamentos y responsabilidades” en esta materia.
Empezará a sesionar cuando hayan sido elegidos o designadas las dos terceras partes de sus miembros y estará conformado por el Presidente de la República que lo presidirá, por el alto Comisionado para La Paz, los ministros del Interior, de Defensa Nacional, de Hacienda y de Educación, por gobernadores y alcaldes, senadores y representantes de la Cámara, uno de los cuales será de algún partido político de oposición, el Procurador General, Defensor del Pueblo, un representante designado por la Conferencia Episcopal de Colombia, entre otros representantes de la sociedad civil y por víctimas del conflicto armado, acompañantes de víctimas, población en condición de discapacidad, comunidad Lgtbi, organizaciones juveniles, ambientalistas, colombianos en el exterior, representantes de los funcionarios judiciales, de la Organización de Acción Comunal, las organizaciones oficiales y Fuerza Pública, del sector Arte y Cultura y el representante del movimiento que surja del tránsito de las FARC a la actividad política.
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