Ayer martes 76 diputados de Cataluña presentaron una demanda colectiva ante el Tribunal de Derechos Humanos contra el Tribunal Constitucional de España por haber suspendido el pleno de este lunes en el que el Govern debía trasladar los resultados del 1-O.

En su libelo, los denunciantes expresaron que la suspensión supone una "grave infracción" de derechos como la libertad de expresión y de libre reunión. Fue el pasado jueves cuando el Tribunal Constitucional, tras un recurso de amparo del PSC,  suspendió de forma cautelar el acuerdo del Parlament que fijaba para el 9 de octubre la comparecencia del presidente Carles Puigdemont para abordar los resultados del referéndum del 1-O.

Cabe recordar que, en su oportunidad, los socialistas invocaron en su recurso el artículo 56.6 de la Ley Orgánica del TC que le habilita a suspender de forma total o parcial el objeto del recurso de amparo –la petición de comparecencia de Puigdemont– en el momento "de la admisión a trámite".

Esta es la segunda vez en pocos días que el independentismo recurre a la Justicia europea.  El lunes el ex secretario general de Vicepresidencia y de Economía, Josep María Jové, denunció al Estado español ante el mismo tribunal porque considera que su arresto "no se hizo de acuerdo con la ley". Jové fue detenido el 20 de septiembre por el operativo policial para frenar el referéndum del 1-O.

Sin embargo lo anterior y también ayer martes, Carles Puigdemont, frente al Parlamento regional, declaró que con los resultados del 1 de octubre Cataluña se ha ganado el derecho de un Estado independiente y a que se nos escuche”, a partir de lo cual asumió el “mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, pero propuso que en las próximas semanas el Parlamento “suspenda el efecto de la declaración de independencia para emprender un diálogo para llegar a una solución acordada”.

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