En una reciente publicación se da a conocer el informe “Incumplimiento del aporte de gratuidad: los patines otra vez”.
En este se alerta que a través de la Ley de Presupuestos el Ejecutivo propuso dar pie atrás con lo establecido en la Ley de Inclusión al congelar el incremento comprometido en aporte por gratuidad, arguyendo  que esto en la práctica corresponde a un incumplimiento de un compromiso adquirido por ley con los sostenedores (públicos y privados) que cumplían con los requisitos que el mismo Estado le impuso para recibir estos mayores recursos.
Adicionalmente, se plantea, que  esta semana el Gobierno ingresó la tercera ley miscelánea que busca corregir ciertos aspectos de su emblemática reforma escolar, lo que da cuenta de los nefastos resultados para la educación de haber legislado ideológicamente y con premura sobre un aspecto tan relevante.
Cabe recordar que el aporte por gratuidad es una asignación que creó la Ley N° 20.845, más conocida como “Ley de Inclusión”, que puso fin al copago, selección y lucro. Dicha asignación se entrega por alumno (en la misma lógica de la subvención) únicamente a los establecimientos educacionales dependientes de municipios o personas jurídicas sin fines de lucro, que sean gratuitos y estén suscritos a la Subvención Escolar Preferencial.
Luego, se explica que el aporte por gratuidad no se entregó de manera inmediata, ya que la citada ley estableció una gradualidad de tres años para la entrega de esta nueva asignación o mayor subvención. Más específicamente, la glosa 08 del Programa de Subvenciones a los Establecimientos Educacionales del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2018 establece que, en forma excepcional, y contraviniendo lo ya comprometido en la Ley N° 20.845, el aporte por gratuidad del año 2018 sería de 0,35 USE y no de 0,45 USE. Esto significaría hoy $ 2.398 menos por alumno al mes.
Consecuencias de la medida
De acuerdo al documento, si se considera  el escenario 2017 de la educación escolar, lo anterior supondría la entrega de $ 28.776 menos por cada alumno con derecho al aporte por gratuidad. De acuerdo al Informe de Finanzas Públicas 2018, el 85,3% de la matrícula subvencionada debiera recibir esta subvención, lo que equivale a 2.781.404 alumnos.
Es decir, se expone, la decisión arbitraria del Ejecutivo de entregar menores recursos a los establecimientos equivale a más de $ 80.000 millones que por ley les hubiese correspondido recibir.
Enseguida, se aclara que existen dos grupos en los 2.781.404 alumnos afectados: los que asisten a establecimientos que previo a la aprobación de la Ley de Inclusión ya cumplían con los requisitos para recibir el aporte por gratuidad y aquellos que estudiaban en recintos que, motivados por los mayores recursos, optaron por realizar los cambios pertinentes para comenzar a cumplir con las condiciones, como transformarse en gratuitos dejando de cobrar financiamiento compartido.
Si bien, se detalla, no se encuentran disponibles cifras oficiales, lo que  se sabe es que en 2015 (previo a la reforma) 1.273.379 alumnos asistían a la educación municipal (en su mayoría gratuita), y 174.909 alumnos asistían a colegios particulares subvencionados sin fines de lucro que no cobraban financiamiento compartidoi . Este total de 1.448.288 alumnos es una referencia del grupo de estudiantes que podría haber recibido el aporte por gratuidad por el solo hecho de aprobarse la ley, y equivale a 52% de la cifra de potenciales beneficiarios entregada por el Gobierno para 2018.
Así, se asevera, si bien la decisión del Ejecutivo se tradujo en un cambio en las reglas del juego para todos quienes tienen derecho al aporte por gratuidad, es aún más grave para los sostenedores del 48% de los alumnos beneficiados que realizaron cambios sustantivos a propósito del nuevo aporte que entregaría el Gobierno. El congelamiento del aporte por gratuidad también afecta a los colegios municipales, por lo que la reducción de recursos también tendrá repercusiones no sólo en las arcas municipales, sino de manera directa en la educación de los niños que asisten a sus establecimientos. Esto es contradictorio con el discurso de fortalecer la educación pública que el gobierno ha sostenido reiteradamente.
La decisión del Gobierno, se agrega, dejó también entrever algo que fue advertido durante la discusión de la “Ley de Inclusión”: resulta evidente que el Estado es incapaz de financiar por sí solo la educación escolar de la matrícula subvencionada (93% de la matrícula total), y menos aún de llevarla a los niveles promedio de gasto por alumno de la OCDE, con todas las consecuencias para la calidad de la educación que ello significa. En vez de focalizar los recursos en quienes más lo necesitan y aceptar los aportes de las familias en los demás casos, el Gobierno optó por dejarse llevar por ideologías, que hoy muestran sus consecuencias.
Implicancias legales
El informe dice que  la decisión del Gobierno produjo un daño a la fe pública, pues modifica de manera unilateral y arbitraria las condiciones que tuvieron a la vista los sostenedores al momento de tomar la decisión de cambiar como operarían hacia adelante. Adicionalmente la glosa 08 podría contener vicios de constitucionalidad, ya que vulnera la garantía constitucional que protege el derecho a la propiedad, al afectar los derechos adquiridos bajo el amparo del artículo vigésimo cuarto de la ley 20.845. Lo anterior, principalmente, porque cientos de establecimientos educacionales tomaron la decisión de dejar de recibir recursos privados con la garantía -establecida en la ley- de que recibirían ciertas asignaciones adicionales por parte del Estado. El incumplimiento del gobierno afecta compromisos legalmente contraídos, los cuales no significan bajo ninguna circunstancia una mera expectativa para los establecimientos educacionales y sus estudiantes, sino que podrían considerarse derechos adquiridos expresamente establecidos en una ley de la República.
A continuación, se recuerda que luego de varios días de polémica, el Ministro de Hacienda dio señales de que dicha decisión podría ser revertida, será relevante conocer desde donde recortará recursos para poder cumplir con el compromiso legal establecido con los sostenedores, los alumnos y sus familias, y simultáneamente mantener una ampliación del gasto de 3,9% como se ha anunciado.
Finalmente, se concluye  que si el Gobierno opta finalmente por no realizar reasignaciones para financiar el aporte por gratuidad comprometido, el crecimiento del gasto público para 2018 podría superar el 4%, complicando aún más la situación de nuestras arcas fiscales. Fuente:lyd.com

Vea texto íntegro del documento

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