En una reciente publicación se da a conocer la noticia “Parlamento Europeo se posiciona a favor de reforzar la protección de los alertadores en la Unión Europea”.
Se sostiene que el Parlamento Europeo destacó la labor de los alertadores (whistleblowers) en la Unión Europea en favor del interés público y por tanto merecen la protección y el apoyo adecuados.
Sobre este punto, se indica que el parlamento ha señalado que las normas a nivel europeo son necesarias para proteger y apoyar mejor a los alertadores, así como a su papel en la revelación de delitos graves contra el interés público, como la corrupción, los errores judiciales, la evasión fiscal, la falta de protección en el área de la seguridad alimentaria o el medio ambiente, o incluso las  violaciones de los derechos sociales, humanos o de los trabajadores.
Asimismo, se agrega que los eurodiputados han manifestado que la protección de los alertadores en la UE es fragmentada y, a menudo, inapropiada, por lo que piden a la Comisión Europea que para finales de este año proponga reglas que garanticen la protección de toda la UE. También han lanzado las siguientes peticiones para los países miembros:
–  mecanismos para facilitar el lanzamiento de alertas internas y para permitir que los denunciantes informen a las ONG y la prensa, incluida la posibilidad de hacerlo de forma anónima;
– protección contra represalias, incluidas sanciones contra aquéllos que intentan evitar que los denunciantes hablen y medidas para desalentar las represalias;
– medidas de apoyo, como asistencia financiera y legal, apoyo psicológico e indemnización por daños a denunciantes en procesos civiles; y
– organismos informadores nacionales independientes, verificando su credibilidad y orientando a los denunciantes, así como la autoridad a nivel de la UE para facilitar la coordinación en casos transfronterizos.
Finalmente, se plantea que a pesar de que la resolución del Parlamento Europeo, que contó con 399 votos a favor, 101 en contra y 166 abstenciones, es un documento no legislativo, marca una prioridad fuerte en las instituciones europeas por el desarrollo de una ley de protección de alertadores, quedando ahora en manos de la Comisión Europea hacer una propuesta legislativa. Fuente: noticias.juridicas.com

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