La moción de los senadores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín expone que la preocupación por la seguridad y el resguardo de los funcionarios tanto del Ministerio Público como de sus órganos auxiliares, ha desencadenado una serie de planteamientos y modificaciones al régimen jurídico vigente, en busca de robustecer el sistema de protección a quienes se enfrenta día a día a conductas delictuales. Se trata de asegurar, desde el punto de vista normativo, la debida independencia en el actuar de quienes ejercen la acción penal pública, minimizando la posibilidad que dicho ejercicio sea afectado por acciones de amedrentamiento, presión o coacción hacía la persona del fiscal, su familia o su propiedad. Ello pues un Estado de Derecho Democrático supone el ejercicio legítimo de las potestades públicas, pero también supone las condiciones mínimas para que quienes detentan esas potestades puedan actuar en forma independiente.
Los autores señalan que frente al peligro al que están expuestos los funcionarios que desempeñan labores en el Ministerio Público (sea de carácter concreto o abstracto, dado que la peligrosidad de las conductas per se y de los hechos que investigan son fundamento suficiente para una especial protección) se hace necesario entonces revisar el estatuto que rige a quienes forman parte del ente persecutor, sobre todo si se consideran que en la actualidad, la violencia con la que opera el entorno delictual, va en aumento. Así, hoy quienes trabajan dirigiendo la investigación penal no solo son agredidos en el marco del desempeño de sus funciones, sino que- muchas veces- son blancos de agresión por el solo hecho de detentar el cargo. Se menciona como ejemplo el fenómeno de la violencia rural que se desarrolla en la actualidad, mayoritariamente al sur de nuestro país, la que constituye una de las situaciones más complejas en lo que se refiere al déficit de protección de los funcionarios pertenecientes al Ministerio Público. Sin embargo, lo anterior no solo se circunscribe a la situación descrita en la zona sur del país. El déficit de seguridad en las inmediaciones de los Tribunales de Justicia y la falta de condiciones necesarias para el desarrollo de audiencias de alta complejidad, es un problema generalizado a lo largo de todo Chile. Lo dicho, puede explicarse en parte, por la falta de rigurosidad en la asignación de funciones y obligaciones encomendadas a Gendarmería de Chile, Carabineros y Policía de Investigaciones, en el marco de sus respectivas Leyes Orgánicas Constitucionales, en lo que se refiere al resguardo de la seguridad al interior de los Tribunales.
A continuación, la moción revisa la protección de fiscales, jueces y otros funcionarios del sistema judicial en el Derecho Comparado a partir de la normativa de la ONU sobre el tema. Así, se analizan los casos de Uruguay, México y Estados Unidos.
Por tanto, el proyecto de ley busca responder a la necesidad de efectuar una nueva revisión al estatuto de protección que actualmente rige respecto de quienes tienen a cargo no solo la labor investigativa, sino la defensa en juicio de los intereses de todo ciudadano que se vea afectado por una conducta delictual. Ello pues expuesta parte de la realidad comparada, se ve claramente como en Chile aún existe una falta de consideración respecto de las consecuencias que se desatan a raíz de ejercer la labor de investigación penal, situación que debe ser prontamente subsanada.
Por lo anterior, la moción modifica el Código Penal, la LOC de Gendarmería de Chile, la LOC de Carabineros de Chile, la LOC de la Policía de Investigaciones y la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, estableciendo la protección del patrimonio de los fiscales, encomendando su protección a Carabineros, la PDI y Gendarmería y protegiendo los datos personales de los fiscales.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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