“Las coaliciones frente al Tribunal Constitucional. ¿Quién ha presentado más requerimientos por inconstitucionalidad?”, es el título del informe recientemente publicado por el Observatorio Judicial.
En este se afirma que el Tribunal Constitucional está bajo la lupa y que desde hace algún tiempo se sostiene que el órgano es una “tercera cámara”, diseñada para bloquear las decisiones de las mayorías parlamentarias. Por lo tanto —concluyen sus detractores— adolecería de un déficit de legitimidad democrática, lo que dado pie a propuestas de eliminar del todo la figura del Tribunal Constitucional, mientras que otros más moderados proponen revisar sus facultades preventivas.
Una de las aristas de la discusión dice relación con el uso concreto que se le ha dado al Tribunal Constitucional por parte de las coaliciones políticas. Según señalan sus detractores, el órgano habría sido más utilizado por la antigua Alianza por Chile, hoy Chile Vamos, que por la entonces Concertación, hoy Nueva Mayoría.
En el informe que se ha conocido en días pasados se contrasta dicha apreciación con lo que señalan los datos numéricos en materia de requerimientos por inconstitucionalidad.
En el análisis que efectúa el Observatorio Judicial, se concluye que entre los años 2006 y 2017, ambos conglomerados acudieron al Tribunal Constitucional de manera relativamente equiparada, y si bien se observa una diferencia a favor de la cantidad de requerimientos presentados por la centroderecha, ello se explica porque dicho conglomerado ha ocupado el rol opositor por más tiempo que la centroizquierda.
En ese sentido la posición que las coaliciones ocupan frente al poder Ejecutivo es determinante, por cuanto la inmensa mayoría de los requerimientos son presentados por la oposición al gobierno, pero el hecho de contar o carecer de la mayoría parlamentaria resulta del todo irrelevante. Tanto es así que durante el gobierno de Sebastián Piñera, la centroizquierda presentó una gran cantidad de recursos ante el Tribunal Constitucional, no obstante contar con mayoría en el Congreso.
El informe constata que la facultad de requerir al Tribunal Constitucional no es un arma ni de la derecha ni de la izquierda, sino que una instancia para que la oposición al gobierno —del signo político que fuere— solicite la revisión de la constitucionalidad de los proyectos de ley. Los datos que el informe refiere –se afirma- confirman dicha tesis.
Para que este mecanismo de control no se desvirtúe, es indispensable que todos los actores involucrados lo utilicen responsablemente, lo que incluye no sólo a los ministros del Tribunal Constitucional —que deben fallar en derecho, conforme al texto de la Constitución— sino que también a los requirentes, plantea el informe.