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Son asistencia consular y de representación legal.

Gobierno de México pide retrasar ejecución de un ciudadano de ese país.

A la espera de que la Corte de Apelaciones de Texas se pronuncie si se vulneró el debido proceso en su juzgamiento.

8 de noviembre de 2017

El mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, de 47 años, fue condenado a la pena de muerte en Estados Unidos por el homicidio, secuestro y violación de su prima hermana de 16 años, hace dos décadas, y permanece en la antesala de la muerte en la prisión ‘Allan B. Polunsky’, en Livingston, Texas, ante la negativa del gobierno de ese Estado de aplazar su ejecución, programada para hoy miércoles.

El gobierno de México presentó dos recursos ante la Corte de Apelaciones de Texas porque al momento de su detención fue privado de asistencia consular y de representación legal durante sus interrogatorios por parte de la Policía, vulnerándose el debido proceso. Cuando se declaró culpable no contaba con asesoría legal y sus declaraciones fueron usadas como evidencia para condenarlo.

Su caso llegó a la Corte Internacional de Justicia que determinó que se violaron las disposiciones de notificación consular previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y que tenía derecho a una revisión judicial y reconsideración de su condena y sentencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también revisó su caso y encontró que se faltó a las normas mínimas del debido proceso y de un juicio justo, y recomendó a las autoridades texanas un nuevo juicio. Advirtió que su ejecución constituiría una violación irreparable al derecho a la vida.

Si la ejecución se realiza, el Gobierno de Estados Unidos habrá aplicado la pena de muerte sin cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, han advertido diversos órganos internacionales.

 

 

 

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