En medio de la polémica desatada en Francia tras la orden del Consejo de Estado, última instancia de la jurisdicción administrativa de ese país, de retirar la cruz de una estatua dedicada a San Juan Pablo II, la Primera Ministra de Polonia ofreció acoger el monumento en su país para salvarlo de “la dictadura de lo políticamente correcto” y la “secularización del Estado”.
El Consejo de Estado de Francia, la última instancia de la jurisdicción administrativa de ese país, ordenó al municipio de Ploërmel, en el departamento de Morbihan, retirar la cruz de la estatua dedicada al Pontífice polaco en un plazo de seis meses porque contradice la ley promulgada en 1905 sobre la separación entre la Iglesia y el Estado.
Esta norma prohíbe la instalación de símbolos religiosos como emblema en los monumentos o en cualquier espacio público. Solo los permiten en lugares de culto, cementerios o museos.
La Primera Ministra polaca destacó que San Juan Pablo II es un gran europeo, símbolo de la Europa cristiana unida y afirmó que “la dictadura de lo políticamente correcto– de la secularización del Estado –deja espacio a los valores que son culturalmente ajenos a nosotros y que conducen a aterrorizar la vida cotidiana de los europeos”.
El monumento de bronce, elaborado por el artista ruso Zourab Tsereteli, mide ocho metros de alto y tiene un arco en cuya parte superior se colocó la cruz y fue instalado en ese municipio el año 2006.
Cuatro años después se inició la polémica por la cruz a partir de un reclamo de la Federación Morbihanesa de Libre Pensamiento y, tras una larga batalla legal, en el 2015 un tribunal francés ordenó al alcalde de la localidad retirar el signo en un plazo de seis meses.
Esa decisión fue revertida por un tribunal administrativo de Nantes y ahora ha sido anulada por el fallo del Consejo de Estado de Francia.
El alcalde de esa ciudad ha señalado que podría llevar el caso a la Corte Europea de Derechos Humanos y que planea vender el terreno donde se erigió el monumento a un propietario privado para que ya no se pueda aplicar la ley de la separación entre la Iglesia y el Estado.
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