CGR se pronunció sobre ratificación del Concejo Municipal de La Reina respecto de enmienda a plan regulador comunal.

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de los ex concejales, José Manuel Palacios Parra y Emilio Edwards Gandarillas- acerca de si se ajustó a derecho que el alcalde de La Reina haya sometido nuevamente al acuerdo del concejo municipal la enmienda al plan regulador comunal que ese órgano colegiado tuvo oportunidad de conocer en la sesión extraordinaria N° 7.

Lo anterior, en atención a que, a su juicio, al someter al concejo, nuevamente, la señalada enmienda, el alcalde estaría renovando un procedimiento concluido, respecto del cual solo cabía haber dejado sin efecto el decreto que aprobaba dicha modificación, argumentando, subsidiariamente, que en la especie no se habría dado cumplimiento al plazo establecido en el artículo 43, inciso cuarto, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) -sancionada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo-, que prevé que la máxima autoridad edilicia debe presentar el proyecto de que se trate a la aprobación del concejo, junto con las observaciones hechas llegar por los interesados, en un plazo no inferior a quince ni superior a treinta días, contado desde la audiencia pública que indica, término que se encontraría vencido en el caso que interesa.

Por su parte, el diputado José Antonio Kast Rist, junto a los citados ex concejales Edwards Gandarillas y Palacios Parra, han efectuado otra presentación, en la que solicitan, por una parte, que se deje sin efecto el apuntado oficio N° 25.446, de 2016, invocando al efecto el criterio contenido en los dictámenes N°s. 45.281, de 2010, y 1.214, de 2012, pues a su juicio no procedía entender cumplido lo ordenado en el antedicho dictamen N° 15.383, pidiendo que se disponga en su reemplazo el inicio de un nuevo procedimiento de enmienda al plan regulador en análisis y, por otra, que se determine la responsabilidad administrativa del director de control de esa entidad edilicia, por no haber representado la ilegalidad de actuaciones que derivaron en la ratificación de un acto administrativo no tramitado conforme a derecho.