El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia resolvió declarar la constitucionalidad de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca N° 906 de 8 de marzo de 2017, normas que se refieren a las nuevas zonas legales de cultivo en la región del Chapare cochabambino que fueron objetadas por los productores de coca de los Yungas, en el departamento de La Paz (oeste), y que hasta antes de la nueva ley eran consideradas ilegales.
De acuerdo con la Ley General de la Coca, Bolivia reconoce 22.000 hectáreas de cultivos, de las cuales 14.300 corresponden a los Yungas paceños y 7.700 al trópico de Cochabamba.
El Gobierno boliviano amplió los cultivos legales de coca bajo el argumento de recuperar y promover el uso tradicional de esta hoja considerada como patrimonio cultural del país.
El Presidente Evo Morales saludó el fallo del TCP: "Saludamos la decisión del Tribunal Constitucional de declarar plenamente constitucional nuestra Ley de la Coca. Nuestra sagrada hoja de coca cultural, ancestral y milenaria, antes proscrita y perseguida, ahora es valorada y protegida", publicó en su cuenta oficial en Twitter.
La Ley de la Coca más su reglamentación garantiza coca de por vida, renovable y fija en 22.000 las hectáreas legales de cultivos, de los que 18.000 son para el acullico y el resto para proyectos de investigación, industrialización y exportación.
La dirigencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) expresó su molestia por el fallo del TCP que da paso a cultivos legales de coca en el Chapare y anunció que estudia recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer prevaler sus derechos y aseguro que el 93% de la coca del Chapare va al narcotráfico.

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