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CIDH y Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos destacan recomendación de la CNDH para la protección de desplazados internos en México.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esta situación ha sido invisibilizada debido a la falta del reconocimiento del fenómeno por parte de las autoridades mexicanas y la ausencia de cifras oficiales.

18 de noviembre de 2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos destacan la recomendación No. 39/2017, adoptada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante la cual se reconoce que 2,038 personas originarias de los municipios de Choix y Sinaloa de Leyva, del estado de Sinaloa, se vieron forzadas a desplazarse a causa de la violencia y la falta de medidas de seguridad por parte de autoridades estatales y municipales.
Ambas entidades enfatizan que este es el primer pronunciamiento de una autoridad mexicana en el que se reconoce el derecho humano a no ser víctima de desplazamiento interno forzado en México como consecuencia de la violencia.
De acuerdo a la CIDH, en la Recomendación No. 39/2017, la CNDH consideró procedente la reparación de las personas desplazadas internas mediante medidas de restitución tendientes a proteger los derechos a la propiedad de las personas desplazadas internas; medidas de rehabilitación, incluyendo el diseño e implementación de un programa de atención inmediata para las personas desplazadas internas; medidas de satisfacción, como la elaboración de un diagnóstico que permita conocer, como mínimo, el estado actual de inseguridad en los municipios de Choix y Sinaloa de Leyva y el diseño e implementación de un protocolo de seguridad que tenga como objetivo bajar los índices de violencia para que las personas desplazadas puedan regresar a sus hogares; y garantías de no repetición, mismas que incluyen un censo de personas que se han desplazado internamente, diagnóstico, protocolos de actuación para garantizar los derechos de las personas desplazadas internas, una iniciativa de ley para la prevención del desplazamiento interno en Sinaloa y un protocolo de investigación de los casos de desplazamiento forzado interno de personas, mediante el cual se investiguen los hechos y delitos relacionados con el desplazamiento.
Asimismo, la CIDH y la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos también reconocen la importancia del trabajo que la CNDH ha venido realizando durante los últimos años para abordar la situación de las personas desplazadas internas en México, en particular, a través de acciones tales como el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (2016); la elaboración y publicación del Protocolo para la Atención y Protección de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México  (2017); la realización del Foro Internacional sobre Desplazamiento Forzado Interno; y la publicación de la Declaración de México sobre Desplazamiento Forzado Interno, éstas últimas de agosto de 2017.
A continuación, ambos organismos observan que entre los principales hallazgos del Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno de la CNDH se encuentran el reconocimiento de la gravedad del problema del desplazamiento interno forzado en México por diversas causas, como lo son violencia y violaciones a derechos humanos (a menudo afectando a grupos específicos como periodistas o defensores de derechos humanos), desastres naturales y proyectos de desarrollo. Según la CNDH, esta situación ha sido invisibilizada debido a la falta del reconocimiento del fenómeno por parte de las autoridades mexicanas y la ausencia de cifras oficiales.
La CIDH y la Relatora Especial de la ONU solicitan a las autoridades del estado de Sinaloa a aceptar y dar cumplimiento total a la recomendación de la CNDH.
Por ello, la CIDH y la Relatora Especial de la ONU hacen un llamado al Estado mexicano a elaborar un diagnóstico completo y adoptar políticas públicas y legislación específica dirigidas a prevenir el desplazamiento interno, así como a proteger, brindar asistencia humanitaria y soluciones duraderas como el regreso, el reasentamiento y la reintegración de las personas desplazadas internas; y asegurar que a nivel federal haya una institución a cargo de la protección de las personas contra el desplazamiento forzado de conformidad con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, cuyo vigésimo aniversario se celebrará en 2018.

 

Vea texto íntegro del comunicado

 

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