Gobierno español acordó recurrir al Tribunal Constitucional la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura por considerar que en varios de sus artículos invade competencias estatales.
El disfrute de una vivienda digna y adecuada es un derecho fundamental de carácter social de todos los ciudadanos, cuyo reconocimiento implica el mandato a los poderes públicos para que adopten las medidas necesarias que posibiliten su ejercicio real y efectivo, señala la ley en su exposición de motivos.
Enseguida precisa que las medidas que se adoptan persiguen asegurar el derecho a una vivienda digna en relación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y sus familias afectadas por desahucios provenientes de ejecuciones hipotecarias, a fin de que puedan continuar ocupando su vivienda mediante la habilitación de medios que permitan el acceso temporal del uso de la misma, siempre que se cumplan los requisitos previstos. De esta forma, declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio.
Según el Gobierno, las Comunidades Autónomas no pueden ejercer su competencia exclusiva en materia de vivienda desconociendo que, por el principio de igualdad, corresponde al Estado "la determinación de los mecanismos e instrumentos de realización de la función social de la propiedad que delimitan su contenido", lo que infringe la ley autonómica al imponer medidas excesivas que afectan el contenido esencial del derecho de propiedad sobre los inmuebles de sus titulares.

Vea texto de la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura.

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