CONADI dedujo casación en el fondo contra sentencia de Corte de Temuco que luego de revocar fallo de primer grado acogió demanda de cumplimiento de contrato de compraventa suscrito por las partes.

La CONADI dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que luego de revocar el fallo de primer grado acogió la demanda de cumplimiento de contrato y la condenó al pago del precio del contrato de compraventa suscrito por las partes y a una indemnización por concepto de daño moral ascendente a la suma de $ 5.000.000.

El recurso denunció la transgresión de los artículos 1478, 1545, 1449 del Código Civil; y 6° del Convenio 169 de la OIT.

Sostiene que el Tribunal de alzada efectuó una errada interpretación del artículo 1478 del Código Civil, ya que confundió la manifestación de voluntad de la comunidad indígena, respecto de la aceptación del predio, con el mecanismo mediante el cual se manifestaba esta voluntad, esto es, la correspondiente declaración jurada que diera cuenta de la toma de posesión material del predio. Explica que la comunidad indígena manifestó que el actor había ejecutado un raleo irregular del bosque nativo, razón por la que no le era posible aceptar el bien raíz. Añade que oportunamente se le dio a conocer a la parte vendedora dicha circunstancia mediante una carta certificada en la que se le ofreció resciliar el contrato de compraventa, de manera que la condición suspensiva estipulada en el contrato para los efectos de pagar el precio resultó fallida. Además, de acuerdo al contrato, la CONADI no compareció en calidad de compradora, dado que su participación se circunscribe a la obligación de pagar el precio estipulado en favor de la comunidad indígena, lo que sería exigible siempre y cuando concurran copulativamente las condiciones pactadas en la cláusula 6°, esto es, si la comunidad indígena manifiesta su voluntad en orden a adquirir el predio y tomar posesión del mismo. Así, la obligación antes señalada no depende de la voluntad de su parte, como erradamente se entendió y, de este modo, la aludida condición no era nula. En el contrato, prosigue, concurren tres voluntades, todas con intereses, derechos y obligaciones diversas. Sin embargo, el fallo impugnado analizó esta convención como si se tratara de una compraventa pura y simple, sin verificar la naturaleza de tal acto jurídico. Más que un contrato de compraventa, éste constituye una estipulación a favor de otro, en la que el estipulante es la CONADI, el promitente es representado por la parte vendedora y el beneficiario es la comunidad indígena. Por último, reclama que el pago y las condiciones estipuladas en el contrato no responden a una facultad de su parte, sino a un deber que pesa sobre la misma dado su carácter de institución del Estado creada para velar por los intereses de las comunidades indígenas, de lo que se deduce que para cumplir con su obligación resulta imperativo consultar la voluntad de la comunidad indígena respectiva y contar con su ratificación.