A propósito de un fallo reciente dictado por la Corte Constitucional de Colombia que exige a Google retirar de Internet un blog anónimo de su herramienta digital www.blogger.com, en cuyo contenido se le imputa a una persona la comisión de un delito.
Juan Carlos Gómez, escribe en El Espectador, que la Corte adoptó varias determinaciones preocupantes como precedente constitucional; por ejemplo, eliminar contenidos sin orden judicial previa.
Señala que si bien es cierto, como lo afirma la Corte, que “las redes sociales no pueden garantizar un lugar para la difamación, el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación” y que a diario se presentan casos graves de violación de derechos fundamentales como la intimidad, la honra, el derecho a la imagen y el buen nombre, el amparo constitucional en un caso particular no se puede convertir en una cruzada proteccionista que arrase la libertad de expresión en internet. La sentencia en cuestión, a su juicio, imparte órdenes que considera contrarias a la Constitución colombiana, a tratados internacionales y a la propia doctrina constitucional.
Aboga, en consecuencia, que se anule la sentencia y que si fuere necesario dictar nuevas regulaciones frente al reto que significan las plataformas tecnológicas debe considerarse especialmente un asunto tan delicado como la libertad de información en internet que exige una amplia y seria discusión pública.
Previene que en Estados Unidos, desde la pasada campaña presidencial, la responsabilidad de Google, Facebook y Twitter frente a la información que despliegan sus usuarios está siendo discutida en medio de un acalorado debate político, lo que conlleva el riesgo de que se resuelva mal.
Alerta que no se puede dejar en manos de robots y algoritmos los contenidos indeseables y que no se puede caer en una oleada de censura que amenaza a internet a nivel global.