CS desestimó nulidad interpuesta por condenados contra sentencia de juicio oral que los condenó como autores del delito de tráfico de drogas.

La Corte Suprema desestimó los recursos de nulidad interpuestos por los condenados en contra de la sentencia de juicio oral que los condenó como autores del delito de tráfico de drogas, sancionado en los artículos 1 y 3 de la Ley 20.000, al resolver que no se configura la causal de nulidad del artículo 373 letra a), ya que la diligencia de escucha telefónica que alertó a la Policía de la comisión del delito no fue realizada a los acusados, sino que se ejecutó en las comunicaciones de un tercero, siendo descubiertos los recurrentes al momento de la detención, la cual se justificó por encontrarse en situación de flagrancia. Descartó así que el actuar policial vulnerara los derechos al debido proceso y protección de toda forma de comunicación privada, como aquellos alegaron.

Al examinar la causal de nulidad del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, la Corte razona que la vulneración a garantías fundamentales debe afectar de manera directa al recurrente.

Luego señala que la supuesta falta de autorización judicial para la interceptación telefónica reclamada por los acusados no recayó en sus comunicaciones, sino en las llamadas telefónicas interceptadas a un tercero, quien es el que menciona la entrega de droga en la cual aparecerán posteriormente involucrados los acusados. Es más, en dichas comunicaciones ni siquiera se mencionan los nombres de los recurrentes. De esta manera, sólo las personas a quienes se les realiza una intervención telefónica sin autorización judicial pueden reclamar la vulneración a sus derechos fundamentales.