En una reciente publicación, Amnistía Internacional da a conocer el artículo “Palestina: las reformas propuestas a la restrictiva ley de delitos informáticos mejoran la situación, pero siguen incumpliendo las normas internacionales”.
Amnistía Internacional, Avaaz, Human Rights Watch y 7amleh: Centro Árabe para el Avance de las Redes Sociales, en una carta conjunta enviada al secretario general del Consejo de Ministros, Salah Alayan, señalan que las autoridades palestinas deben reformar la ley de delitos informáticos para conformarla a sus obligaciones legales internacionales.
De acuerdo al órgano, el Ministerio de Justicia ha propuesto eliminar algunas disposiciones represivas de la ley de 2017 en respuesta a la preocupación expresada por grupos de la sociedad civil, pero ha mantenido otras que permitirían restricciones desproporcionadas y arbitrarias del derecho a la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos.
Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, sostuvo que “las reformas propuestas de eliminar disposiciones que permitirían imponer penas de prisión y fuertes multas a quienes critiquen online a las autoridades palestinas constituyen una medida satisfactoria”.
Añade que “sin embargo, se necesitan cambios adicionales para salvaguardar íntegramente el derecho de la población palestina a la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos”.
Cabe recordar, de acuerdo a Amnistía, que el presidente palestino, Mahmud Abás, promulgó en julio, mediante decreto ejecutivo, la Ley de Delitos Electrónicos. Las autoridades posteriormente acusaron en virtud de esa ley a varios periodistas y a un defensor de los derechos humanos, Issa Amro. Tras los llamamientos de la sociedad civil palestina para que se derogue la ley, el Ministerio de Justicia propuso revisarla.
“La ley de delitos informáticos otorga a unas autoridades hipersusceptibles poderes prácticamente ilimitados para bloquear sitios web, llevar a cabo vigilancia y reunir enormes cantidades de datos sobre personas corrientes”, manifestó Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch.
Según Amnistía, en virtud del derecho internacional, las autoridades sólo pueden restringir la libertad de expresión si demuestran que esa restricción es necesaria y proporcionada para proteger ciertos intereses públicos (por ej., la seguridad nacional o pública, el orden público, o la protección de la salud o la moral públicas) o los derechos y libertades de otras personas, pero nunca exclusivamente para restringir las críticas pacíficas a una autoridad política. Palestina asumió estas obligaciones legales cuando ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados, en 2014.
“Las autoridades palestinas deben reformar la reciente ley de delitos informáticos para garantizar la protección, en lugar de utilizarla para violar los derechos digitales y la libertad de expresión de la población palestina”, ha manifestado Nadim Nashif, director de 7amleh.
Vea texto íntegro del comunicado
RELACIONADOS
*Amnistía Internacional publica “Japón: dos hombres ahorcados mientras continúan las ejecuciones secretas”…
*Amnistía Internacional publica “Kosovo: las sobrevivientes de violación en tiempos de guerra reciben indemnización, pero no justicia”…
*Amnistía Internacional se pronuncia sobre bloqueo de cinco sitios web en Rusia…