La Comisión Europea activó la aplicación del artículo 7 de los tratados europeos contra Polonia, un proceso que podría concluir privando a Varsovia su derecho a voto en la UE debido a sus polémicas reformas al sistema judicial, que Bruselas considera contrarias al Estado de derecho.
Se trata de un mecanismo incluido en el Tratado de la UE desde el año 2009 para garantizar que todos los estados miembros respetan los valores y principios en los que se basa la UE, incluido el Estado de derecho. Consta de dos fases, una primera preventiva en caso de constatación de “riesgo claro de vulneración de los valores de la UE” y una segunda sancionadora en el que caso de que se constate “la existencia de vulneraciones graves y persistentes”. Pueden desencadenarlo la Comisión, el Parlamento Europeo o un tercio de los estados miembros.
Activada que fue la fase preventiva -artículo 7.1- tal y como ha hecho la Comisión Europea, el asunto pasa ahora al Consejo. Si cuatro quintos de los estados miembros -22 de los 27 países- constatan que hay “riesgos claros”, se desencadenará el proceso. Polonia tendrá derecho a ser escuchada por el resto de socios y presentar alegaciones, mientras que el resto de países podrán adoptar recomendaciones si obtienen el apoyo de cuatro quintos. Para desencadenar la fase sancionadora, sin embargo, el Consejo necesitará la unanimidad, lo que complica llegar al castigo.
Según el Tratado de la UE, si los estados miembros constatan por unanimidad la existencia de vulneraciones, el Consejo puede decidir por mayoría cualificada -sin contar con Polonia en este caso- suspender determinados derechos, entre ellos, su derecho de voto en las reuniones del Consejo. Algo que nunca en la historia europea ha llegado a ocurrir, ya que tal y como recuerda la Comisión Europea, aunque han estado confrontadas a desafíos en otras ocasiones, siempre han conseguido reconducir la situación ejerciendo presión política o a través de procedimientos de infracción.
Las invitaciones al diálogo que Bruselas ha emitido durante los últimos dos años para intentar revertir las decisiones adoptadas por el gobierno polaco que a juicio de los órganos comunitarios afectan la separación de poderes y la independencia judicial, no han tenido hasta la fecha eco en las autoridades polacas, que han catalogado la medida tomada por la Unión Europea como "política y no jurídica" y han anunciado que seguirán con “la reforma de su sistema judicial" porque el gobierno se lo debe a sus "votantes".

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