La Corte Suprema analizó el contenido del proyecto de ley que sanciona el hacinamiento en habitaciones arrendadas o subarrendadas por medio de un contrato, informe que fue remitido al presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza.
El máximo Tribunal constató que la iniciativa legal contiene defectos relevantes en la determinación de sanciones para el arrendatario, el arrendador o ambos.
Sostiene que "el hacinamiento es un fenómeno social que afecta a personas en situación de pobreza, las que por encontrarse en un contexto de precariedad y carencia de capital económico, y muchas veces también de capital social, se ven forzadas a residir en condiciones inadecuadas, causándoles un daño psicosocial significativo".
Asimismo, agrega que "el deber del Estado de garantizar el derecho a una vivienda adecuada se satisface a través de políticas públicas y programas debidamente financiados, que ofrezcan soluciones habitacionales con los estándares fijados para el derecho en cuestión por los instrumentos aplicables a la materia".
Finalmente concluye que "no obstante lo atendible de la razón que motiva el proyecto, establecer una cantidad máxima de ocupantes por habitación y sancionar con multa el incumplimiento de esta norma no resolverá el problema habitacional que implica el hacinamiento".
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