El TC declaró improcedente un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 16 numeral 2, primera parte hasta la conjunción disyuntiva “o”, de la Constitución Política de la República.
El precepto impugnado establece: “El derecho de sufragio se suspende: 2º.- Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva…”.
La gestión pendiente incide en un recurso de protección, de que conoce la Corte de Apelaciones de Temuco, en el que el requirente solicita que se le permita ejercer el derecho a sufragio.
En su resolución, el TC expone que la expresión "precepto legal" ha sido conceptualizada como equivalente a la de norma jurídica de rango legal, la que puede estar contenida en una parte, en todo o en varios de los artículos en que el legislador agrupa las normas de una ley. Comprende, por tanto, los decretos con fuerza de ley, los decretos leyes y las leyes, cuya definición y caracterización se encuentra confiada a la Constitución Política de la República. No obstante, en ningún caso, la expresión "precepto legal" abarca normas constitucionales como la impugnada por el requirente, lo que hace imposible el cotejo protector de la supremacía constitucional que exige el instituto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Así, precisó que la única posibilidad de que el Tribunal Constitucional revise una norma de carácter constitucional es que se deduzca un requerimiento contra un proyecto de reforma constitucional, para lo cual sólo gozan de legitimación activa el Presidente de la República, cualquiera de las Cámaras o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio.
Vea texto íntegro del expediente Rol N° 4146-17.
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