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Amnistía Internacional publica “Etiopía: el cierre de la cámara de tortura podría señalar un nuevo capítulo para los derechos humanos”.

Sin embargo, sostiene el órgano, que para quienes han pasado años en prisión por cargos falsos y de motivación política, este anuncio llega con mucho retraso.

5 de enero de 2018

Fisseha Tekle, investigador sobre Etiopía de Amnistía Internacional, responde a un anuncio realizado por el Primer Ministro etíope Hailemariam Desalegn, que ha dicho que todos los presos políticos serán liberados y que un tristemente famoso centro de detención será cerrado, afirmando que “el anuncio hecho podría señalar el final de una era de sangrienta represión en Etiopía. Pero para quienes han pasado años en prisión por cargos falsos y de motivación política, este anuncio llega con mucho retraso”.
Agrega que “la mayoría de esas personas han sido detenidas exclusivamente por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos, y nunca deberían haber sido encarceladas, para empezar. Pedimos a las autoridades etíopes que implementen la decisión de hoy lo más rápidamente posible poniendo a estas personas en libertad inmediata e incondicional”.
Asimismo, solicita a las autoridades derogar o reformar sustancialmente las leyes represivas en virtud de las cuales estas personas fueron encarceladas, incluida la draconiana Proclamación Antiterrorista.
A continuación explica que aunque los planes de cerrar el tristemente famoso centro de detención de Maekelawi son bien recibidos, el cierre de este centro no debe utilizarse para echar tierra sobre los atroces sucesos que han tenido lugar en él. Durante años, Maekelawi ha funcionado básicamente como una cámara de tortura que las autoridades etíopes han utilizado para interrogar con brutalidad a todas las personas que se atreven a discrepar, entre ellas manifestantes pacíficos, periodistas y figuras de la oposición.
Luego el investigador arguye quela apertura de un nuevo capítulo para los derechos humanos sólo será posible si las denuncias de tortura y otros malos tratos se investigan de manera efectiva y los responsables comparecen ante la justicia”.
Finalmente, solicita que se investiguen las decenas de desapariciones forzadas que han tenido lugar desde 1991: no basta con poner en libertad a unos pocos disidentes pacíficos mientras sigue sin conocerse la suerte corrida por muchos otros.

 

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