A pocos meses de que se concrete el cambio de mando, el presidente electo, Sebastián Piñera, se reunió con el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago.
De acuerdo al Consejo, la cita no sólo sirvió para definir una agenda común de trabajo y colaboración en materias de probidad, sino que además, fue utilizada por ambas autoridades para ahondar en los desafíos para avanzar en transparencia, probidad y combate a la corrupción.
Entre los temas tratados en la reunión está la implementación de un sistema integral de transparencia, que amplíe las facultades del CPLT a organismos autónomos, el Poder Judicial y el Congreso, pues hoy, estas instituciones no están bajo su fiscalización. Asimismo, se discutió sobre la necesidad de una nueva regulación del lobby, penalizar la corrupción entre privados y extender la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Además, dice el CPLT, se planteó la necesidad de revisar la Ley de Protección de Datos Personales, con el fin de que cuente con un órgano autónomo e independiente que garantice la protección de este derecho fundamental.
Marcelo Drago planteó que "hoy la sociedad está exigiendo más y mejores estándares de transparencia y nosotros debemos responder a ese llamado transversal. La Ley de Transparencia está cumpliendo diez años, lo que conlleva el cierre de un ciclo que innegablemente ha fortalecido nuestra democracia. Sin embargo, Chile se merece más y hoy comprobamos que existe una visión común con el Presidente electo, entendiendo que la transparencia es un elemento fundamental para el desarrollo del país. Con instituciones fuertes los países progresan”.
Agregó que “es fundamental recuperar la confianza de los ciudadanos frente a sus instituciones, y eso se logra con más transparencia y mayores estándares", afirmó Drago, recalcando que a diez años de la promulgación de esta ley, es necesario repensar sus alcances, por lo que invitó al presidente electo a sumarse a un proceso de reflexión que se concretará durante este año con el objetivo de perfeccionar la normativa.
En ese sentido, Drago enfatizó que esta política no sólo representa una efectiva herramienta de control y participación ciudadana, sino que además, destacó su utilidad para revelar casos de corrupción en nuestro país.

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