La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los hechos de violencia ocurridos en un centro de detención del estado de Goiás, Brasil, que ocasionaron que al menos nueve personas fallecieran y 14 resultaran heridas.
Según sostiene la CIDH, de acuerdo con información de público conocimiento, el 1 de enero de 2018 tuvo lugar un motín en la Colonia Agroindustrial de Régimen Semi-abierto de Aparecida de Goiania, en el estado de Goiás. Según declaraciones a la prensa del Superintendente de Administración Penitenciaria de Goiás, el motín se habría originado por enfrentamientos entre dos grupos rivales del crimen organizado. La mayoría de los cuerpos de las nueve personas fallecidas habrían sido carbonizados y dos de ellos decapitados.
La Comisión manifiesta preocupación que estas muertes se ocasionan en un contexto de reiterados actos de violencia en los centros del sistema penitenciario de Brasil, caracterizado por graves problemas de hacinamiento y condiciones de detención inadecuadas.
A continuación, la CIDH recuerda que tras los hechos de violencia, una comisión compuesta por diversas autoridades del Estado de Goiás, incluyendo integrantes del Tribunal de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría Pública, condujo una visita de inspección y concluyó que los hechos fueron resultado de “una serie de situaciones antiguas y la ausencia de una efectiva actuación preventiva por parte de la administración penitenciaria para evitar lo ocurrido, lo que se suma a cierto retraso en los procedimientos judiciales”.
Así, la Comisión manifiesta que el Estado debe adoptar aquellas medidas orientadas a prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de detención, tales como desarmar a los reclusos e imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos; investigar y sancionar los actos de violencia y corrupción que tengan lugar en instalaciones penitenciarias; y prevenir el accionar de organizaciones delictivas que tengan una presencia en las cárceles.
El Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado Joel Hernández, plantea que “resulta imposible cualquier expectativa de rehabilitación personal y readaptación social cuando las personas privadas de libertad viven en interna es ejercido por los propios presos, y donde el Estado no provee condiciones mínimas de espacio, alimentación, agua potable, higiene, atención médica y otros servicios básicos”.
“La falta de políticas públicas orientadas a promover la rehabilitación y la readaptación social de las personas condenadas a penas privativas de la libertad genera un ciclo de exclusión social y reincidencia criminal”, agregó.
La CIDH y la Corte Interamericana, a través de sus diversos mecanismos, han realizado reiteradas recomendaciones al Estado de Brasil. La Comisión ha otorgado medidas cautelares y procesado peticiones y casos sobre la materia, ha realizado audiencias públicas y visitas a centros de detención, y ha emitido comunicados de prensa.

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