El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expone que la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), desde sus inicios en el año 1939, ha colaborado con el desarrollo del país a través de diversas iniciativas apoyando a las empresas nacionales. Destaca, en particular, por su apoyo financiero, ofreciendo préstamos de fomento, inversiones en emprendimientos productivos y protección financiera, entre otros instrumentos. Ejemplo de ello es la creación en el año 1964 de la empresa Sociedad Agrícola (SACOR), sociedad de propiedad cien por ciento de CORFO. Como objeto inicial tuvo la explotación y administración, por cuenta propia o ajena, de predios rústicos de cualquier clase y la prestación de cualquier servicio de fomento agropecuario, pudiendo efectuar todo tipo de inversiones, especialmente constituyendo toda clase de sociedades para tal efecto. Sin embargo, con el devenir de los años, y fruto del propio desarrollo económico, mientras CORFO ejecutaba nuevas iniciativas de apoyo a emprendedores y empresas, SACOR fue perdiendo su nivel de actividad. En el presente, esta empresa está apoyando únicamente las labores de reconstrucción productiva posteriores a los incendios que afectaron a la zona centro sur del país a inicios del año en curso. En tal contexto, se presentó como alternativa que SACOR pasara a administrar los programas de garantía de CORFO, reformulando su marco legal, de tal forma que cumpla con los estándares internacionales de gestión de riesgo, gobierno corporativo y contabilidad.
Así, la iniciativa busca perfeccionar la administración de los programas de cobertura y de financiamiento crediticio a través de conformar uno o más fondos de cobertura, los que, a su vez, conformen un patrimonio separado de CORFO, de forma tal que tanto el monto de la cobertura que se pueda otorgar, así como el costo de las mismas, tengan una base financiera específica conocida. En este entendido se presentó una propuesta de glosa en el Programa de CORFO en la partida del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público año 2018, que autoriza la capitalización de la Sociedad Agrícola SACOR SpA, con el objeto de que ésta ejecute programas de cobertura de riesgos y respalde las coberturas que se encuentran comprometidas por CORFO con los Fondos de Cobertura de Riesgo. Para estos efectos, CORFO transferirá todo o parte de los recursos de los Fondos de Cobertura de Riesgo, contenidos en el decreto supremo N° 793, de 2004, del Ministerio de Hacienda, cuyo texto refundido se encuentra aprobado por el decreto supremo N° 1.426, de 2012, y sus modificaciones, de la misma secretaría de Estado. Sin embargo, durante la discusión de la partida presupuestaria que incluía la transferencia de capital desde CORFO a SACOR para la administración de los citados instrumentos financieros, se hizo evidente la necesidad de perfeccionar el marco institucional de la empresa, dotándola de las autorizaciones y regulaciones que correspondiesen de acuerdo a los estándares hoy exigibles. Es así como se firmó un protocolo de acuerdo que posibilitó la aprobación de la citada partida, y que en lo pertinente señala que el Ejecutivo presentará “un proyecto de ley o indicación donde se establezca una solución permanente a la administración de los programas de garantía de CORFO. En la elaboración de dicha iniciativa se recogerán las recomendaciones del Banco Mundial, en la materia, vinculadas a que se trate de una persona jurídica independiente, con un marco jurídico y regulatorio sólido, que respalde la eficaz implementación de sus operaciones y la consecución de sus objetivos de política”. En consecuencia, se busca dar cumplimiento tanto a lo comprometido en la ley N° 21.053 como con los objetivos de política pública, en orden a permitir una modernización y mejor gestión de los programas de cobertura y de financiamiento crediticio que hoy administra CORFO, creando una nueva empresa del Estado, entidad que sigue las recomendaciones internacionales para el buen funcionamiento de su gobierno corporativo con el fin de asegurar su independencia y optimizar su desempeño.
Por tanto, el proyecto de ley, en primer término, autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales de proveer, financiar y gestionar programas de cobertura y financiamiento crediticio, a través de una sociedad anónima que constituirán el Fisco (1%) y la Corporación de Fomento de la Producción (99%) y que se denominará “Intermediación Financiera S.A.”, la que se regirá por las normas de la presente ley y las aplicables a las sociedades anónimas abiertas. Asimismo, la administración de la sociedad la ejercerá un directorio que estará compuesto por cinco miembros con un amplio catálogo de inhabilidades y el establecimiento de estrictos requisitos para desempeñarse como director, a fin de garantizar una buena gestión de la empresa. En cuanto a la composición, dos de los miembros serán designados por el Presidente o la Presidenta de la República, uno a propuesta del Ministro o Ministra de Economía, Fomento y Turismo y otro por la Corporación de Fomento de la Producción y tres por el Comité SEP de la Corporación de Fomento de la Producción a partir de una terna propuesta, para cada cargo, por el Consejo de Alta Dirección Pública, los que tendrán la calidad de independientes. Los miembros independientes del directorio, serán elegidos a través de mecanismos que garanticen que no mantengan vínculos con la sociedad, todo ello con miras a garantizar que la administración esté sujeta a un nivel de independencia en la toma de sus decisiones compatible con el estándar que se le exige al resto de las sociedades anónimas abiertas. Finalmente, la sociedad se regirá por las mismas normas financieras, contables y tributarias que rigen para las sociedades anónimas abiertas. Sus balances y estados de situación financiera como los fondos que administra, deberán ser sometidos a auditorías de firmas auditoras externas, de acuerdo al procedimiento que establezcan las normas relativas a las sociedades anónimas abiertas.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis.
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