CS confirmó sentencia que rechazó protección contra Municipalidad por señalar en un informe que será imposible que una nueva licitación prospere en favor del recurrente.

En fallo unánime, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Valdivia, que rechazó la acción de protección deducida por un particular contra la Municipalidad de Mariquina y su asesor jurídico, debido a las afirmaciones contenidas en el informe evacuado con fecha 11 de junio de 2017, con ocasión de un reclamo presentado por él al Tribunal de Contratación Pública, en el cual los recurridos habrían resuelto, a priori, y sin fundamento, que “por mantener un litigio pendiente, va a resultar imposible que la nueva licitación prospere a su favor”.

El recurrente estimó vulnerada la igualdad ante la ley, puesto que el informe de los recurridos deja ver que no tendrá ninguna expectativa de adjudicarse la nueva licitación tendiente a proveer un servicio de calefacción.

Cabe recordar que, en su sentencia, la Corte de Valdivia indicó en su oportunidad que, según las bases de la obra sobre la cuales versan los hechos de recurso, existe una Comisión Evaluadora que recomendará la propuesta a adjudicar, entre los cuales no están ni la abogada recurrida, ni el representante legal de la Municipalidad, también recurrida, de modo tal, que no se observa de qué forma las argumentaciones, alegaciones y defensas vertidas con ocasión del informe evacuado con ocasión del proceso instruido por el Tribunal de Contratación Pública, puedan ser obstáculo para la parte recurrente pueda participar en una licitación, vía web del mercado público, en igualdad de oportunidades, con otros oferentes. Además, la frase incorporada en el informe presentado en la causa del Tribunal de Contratación Pública, que el recurrente estima conculcatoria de su derecho, no pasa de ser un requisito normal en la bases generales y específicas de toda licitación. En efecto, su inclusión en el informe no pasa de ser una expresión formal, de lo que habitualmente ocurre, pero en caso alguno importa una resolución previa de una adjudicación de obras, desde que para ello se necesita cumplir con lo exigido en la ley Nº 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; su reglamento Decreto del Ministerio de Hacienda Nº 250, de 09 de marzo de 2004; y las bases administrativas, generales y especiales, aprobadas para cada licitación.